La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la suspensión de los comicios para renovar autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstos para el 7 y 8 de octubre, y dispuso reprogramarlos para el 17 y 18 de diciembre de 2026 debido a los “impedimentos, anomalías y déficits” detectados en el proceso electoral.
El fallo, firmado por los jueces Gabriela Vázquez y Enrique Catani, también designó al abogado Matías Cremonte como veedor judicial para supervisar distintas etapas del proceso.
El tribunal detectó irregularidades en el padrón electoral, en la distribución de las mesas de votación y en la oficialización de las listas. Frente a ese cuadro, consideró que los comicios no podían realizarse válidamente bajo las condiciones previstas para octubre.
Qué encontró la Justicia en el padrón de la UTA
Uno de los principales puntos analizados fue el padrón. La Cámara registró 2.870 bajas procesadas entre junio y el 24 de agosto de 2026. En todos esos casos figuraba como causal “Cese Laboral (despido, renuncia, etc.)”, pero no se consignaba la fecha exacta de finalización de la relación laboral.
Ese dato resulta relevante porque la normativa contempla la preservación de la afiliación y del derecho a votar durante los seis meses posteriores a la desvinculación laboral. Además, según el fallo, las modificaciones posteriores al 24 de agosto no contaban con respaldo documental verificable en las constancias incorporadas a la causa.
La documentación analizada por el tribunal también mostró más de 500 incorporaciones al padrón solicitadas por la Lista Celeste y Blanca, vinculadas con documentación que, según la resolución, no había sido exhibida a las demás agrupaciones ni sometida a un procedimiento de impugnación.
Al mismo tiempo, se dispusieron “más de 1.000 exclusiones adicionales”, sin la audiencia previa que establece el estatuto de la UTA para las tachas.
Mesas con más de 1.000 electores y problemas con las boletas
El padrón de la UTA comprende 61.664 electores distribuidos en 494 mesas. La Cámara observó una distribución desigual: 11 mesas superaban los 600 electores, con máximos de 1.067, 1.037 y 1.000 votantes.
En el extremo opuesto, cuatro mesas tenían un solo elector y otras 11 no llegaban a cuatro. El tribunal advirtió que esa configuración podía comprometer el secreto del voto, ya que en una mesa con un único votante el escrutinio permite conocer necesariamente el sentido de su sufragio.
También se detectaron mesas ubicadas en lugares que no figuraban en la convocatoria original. La cuestión había sido planteada además por otras dos listas opositoras.
Otro de los puntos observados fue la Resolución 25/26 de la Junta Electoral, del 24 de septiembre. El documento ordenaba imprimir y distribuir las boletas, pero consignaba que serían utilizadas en “los comicios previstos para el 7 y 8 de diciembre de 2026”, una fecha que no correspondía a ninguna convocatoria vigente.
La misma resolución reconocía que el modelo de las boletas de todas las listas había sido confeccionado por la Junta Electoral y enviado a imprenta sin que cada agrupación diera previamente su conformidad sobre su propio material electoral. También establecía que solamente la lista oficialista había quedado oficializada en su totalidad, mientras que la oficialización de las otras tres contenía excepciones en algunas juntas seccionales.
Quiénes compiten y cómo seguirá el proceso
La UTA está encabezada por Roberto Fernández, quien busca la reelección. En los comicios también participan tres listas opositoras: Alberto Patiño, por la Lista Marrón; Maximiliano Escriba, por la Lista Negra; y Claudio Gómez, por la Lista Bordó.
El conflicto judicial se inició a partir de una denuncia presentada por la Lista Negra por irregularidades en el padrón y en el procedimiento de oficialización de sus candidatos. La Cámara señaló que las anomalías que ya habían sido advertidas no fueron corregidas y que algunas se profundizaron.
Tras la suspensión, Fernández difundió un comunicado en el que afirmó: “Una vez más, como pasó en 2022, nos encontramos con piedras en el camino de quienes se dicen compañeros pero persiguen otros intereses ajenos a los de la UTA porque no quieren que se vote y judicializan la política gremial”.
“Somos respetuosos de los fallos judiciales, aunque no los compartamos, y como dirigentes serios no vamos a gastar energía quejándonos del obstáculo ya que está ahí -agregó-. Esta demora nos convoca a redoblar esfuerzos para que en diciembre llenemos de votos las urnas, que los afiliados de UTA elijan su destino y les digamos basta a quienes judicializan la política gremial, con apoyo empresario y pertenencia a otro gremio”.
La Cámara descartó dos alternativas más drásticas: anular todo el proceso electoral o reemplazar a la Junta Electoral por delegados designados por la Justicia. En cambio, ordenó una “retrogradación parcial”: regresar a la etapa de presentación de listas y avales, mantener vigente la convocatoria del 14 de julio y conservar los actos anteriores que no hayan estado afectados por irregularidades.
La Junta Electoral tendrá tres días para depositar en la Cámara el padrón completo, con las altas, bajas y documentación respaldatoria. Desde ese momento se abrirá un período de 10 días hábiles para presentar listas, que podrán reformular sus candidaturas o reiterar las anteriores.
La oficialización definitiva deberá quedar resuelta a más tardar el 30 de octubre. Las mesas definitivas deberán estar designadas antes del 1° de diciembre y ninguna podrá superar los 600 electores. Las boletas deberán estar en poder de la Junta Electoral con al menos 10 días de anticipación a los comicios.
El escrutinio y la proclamación deberán finalizar antes del 29 de diciembre, con el objetivo de permitir la entrega de los cargos antes del vencimiento de los mandatos, previsto para el 3 de enero de 2027.
La Cámara estableció además reglas específicas para evitar que se repitan las irregularidades observadas. Cada baja deberá indicar la causa y la fecha exacta de extinción del vínculo; ningún trabajador podrá ser excluido si se encuentra dentro del período semestral de protección de su afiliación; toda alta deberá contar con documentación respaldatoria disponible para las agrupaciones; y ninguna tacha podrá resolverse sin audiencia previa del afiliado.
Las mesas solamente podrán instalarse en los lugares establecidos en la convocatoria original y no podrán superar los 600 electores. En los establecimientos con pocos trabajadores, deberán incorporarse a la mesa más próxima del mismo lugar de votación para preservar el secreto del sufragio.
El abogado Matías Cremonte fue designado como veedor judicial. Entre sus facultades se encuentran presenciar las reuniones de la Junta Electoral, acceder a registros y bases de datos, obtener copias de documentación, asistir al acto de votación y al escrutinio y requerir el auxilio de la fuerza pública si su tarea fuera obstaculizada. También podrá proponer la integración de un cuerpo de auxiliares para el despliegue territorial de la fiscalización.
