La situación de Lázaro Báez frente a sus deudas impositivas ha tenido un giro importante esta semana de marzo de 2026 debido a la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó el sobreseimiento parcial del empresario santacruceño, sus hijos (Martín, Luciana y Leandro) y otros 11 imputados vinculados a la empresa Austral Construcciones.
Esta resolución judicial surge como consecuencia directa de la actualización de los umbrales de punibilidad. Al elevarse el monto mínimo para que la evasión sea considerada un delito penal a $100.000.000 para el tipo simple, la gran mayoría de los períodos fiscales que integraban la acusación original han quedado por debajo del nuevo límite legal establecido por el Congreso.
El impacto del principio de la ley penal más benigna
Los magistrados fundamentaron el fallo en la aplicación del principio de la ley penal más benigna, el cual establece que, ante un cambio legislativo, debe aplicarse la norma que más favorezca al imputado. En este sentido, al dejar de ser «delito» aquellas conductas que no alcancen los nuevos valores nominales, la acción penal se extingue automáticamente por atipicidad.
Bajo este criterio, quedaron efectivamente «perdonados» en la vía penal los siguientes aspectos de la causa:
- Períodos investigados: Aquellos ejercicios fiscales donde la deuda por impuesto no alcanzaba el piso de los $100 millones.
- Imputados beneficiados: Además de la familia Báez, la medida alcanza a 11 directivos y colaboradores que se encontraban procesados bajo la normativa anterior.
- Naturaleza de la deuda: Si bien la causa penal se cierra, la obligación tributaria en sí misma no desaparece, permaneciendo vigente bajo la órbita de la AFIP para reclamos por vía administrativa o civil.
Un cambio de escenario para Austral Construcciones
La empresa insignia del grupo, que supo estar en el centro de las mayores investigaciones por corrupción y fraude fiscal en la historia reciente, ve cómo su frente judicial se reduce drásticamente. El Estado ha determinado que el costo de procesar penalmente estas deudas «menores» (frente al nuevo umbral inflacionario) no justifica el despliegue de los recursos del Poder Judicial.
Esta decisión sienta un precedente clave para otros empresarios y figuras públicas que mantienen litigios abiertos con el fisco desde hace años. La Ley de Inocencia Fiscal actúa aquí como un tamiz que separa las grandes defraudaciones —superiores a los $1.000 millones para evasión agravada— de las infracciones que, a partir de ahora, serán resueltas únicamente mediante el pago de multas y recargos ante el organismo recaudador, sin riesgo de penas de prisión.
