La estrategia del oficialismo para obtener una sanción rápida de la reforma de la Ley de Glaciares sufrió un revés técnico en la Cámara de Diputados. Ante la advertencia de diversos bloques opositores sobre una inminente judicialización del proyecto por incumplir el Tratado de Escazú, el Gobierno debió frenar el tratamiento exprés y aceptar la convocatoria a audiencias públicas.
El plan original estipulaba convertir la reforma en ley entre el 18 y 19 de marzo, aprovechando el impulso de la media sanción obtenida en el Senado. Sin embargo, la obligatoriedad de habilitar instancias de participación ciudadana antes de avanzar con el dictamen obligó a reprogramar el cronograma. El diputado Nicolás Mayoraz (LLA), a cargo del debate en el plenario de comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, acordó finalmente convocar a una audiencia pública para los días 25 y 26 de marzo, trasladando la firma del dictamen al 8 de abril.
El riesgo ambiental y la superficie comprometida
Durante el debate, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) alertó sobre el impacto federal de la medida: “Está comprometida no solo una cuestión jurisdiccional de provincias, que pueden tener desarrollo minero en particular, sino también otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentra dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, sentenció.
La iniciativa busca otorgar a las provincias la facultad de determinar si un glaciar o zona periglaciar cumple con una función hídrica relevante, permitiendo o prohibiendo actividades productivas según ese criterio. Desde los sectores ambientalistas denuncian que esto generará un «dumping ambiental», donde las jurisdicciones competirán reduciendo estándares para atraer inversiones mineras.
Lobby internacional y el poroteo en el recinto
Mientras la discusión se tensaba en el Congreso, una nutrida comitiva de gobernadores y legisladores participaba de la PDAC 2026 en Toronto, la feria minera más grande del mundo. Entre los presentes se encontraban Alberto Weretilneck (Río Negro) y Carlos Sadir (Jujuy), además de legisladores de Catamarca y La Rioja, evidenciando el fuerte interés de las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre (encabezada por Mendoza y San Juan) en la aprobación de la reforma.
En cuanto a los votos, la oposición calcula que el oficialismo cuenta con una base de entre 129 y 131 voluntades a favor, un número ajustado para el quórum pero suficiente para la sanción. No obstante, el foco está puesto en una docena de diputados indecisos, entre ellos representantes de provincias patagónicas y pampeanas que temen por el caudal de sus ríos. En el bloque de Unión por la Patria, si bien la mayoría rechaza la norma, se prevé que los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica, junto a la catamarqueña Claudia Palladino, podrían acompañar el proyecto impulsado por sus respectivos gobernadores.
<p>El Gobierno nacional debió postergar el tratamiento exprés de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados ante la amenaza de judicialización por la falta de audiencias públicas. Tras el avance en el Senado, el oficialismo aceptó convocar a exposiciones para fines de marzo, postergando el dictamen para abril, mientras las provincias mineras presionan por una flexibilización ambiental que delegue el control de las zonas periglaciares.</p>
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Zappo te lo cuenta
En el fascinante ecosistema del Congreso de la Nación, donde las leyes tienen la esperanza de vida de un cubito de hielo en la peatonal sanjuanina al mediodía, el oficialismo acaba de descubrir que el «timing» político es una ciencia más exacta que la termodinámica. Javier Milei, que venía surfeando una ola de gracia legislativa más larga que una cadena nacional, se topó de frente con un iceberg llamado Tratado de Escazú. Resulta que para reformar la Ley de Glaciares y permitir que las mineras operen donde antes solo había nieve y soledad, no alcanza con tener los ojos de cielo de Patricia Bullrich o el apoyo de algún peronista con sed de inversiones; también hay que escuchar a la gente en audiencias públicas, un trámite que al Gobierno le gusta tanto como el gasto público.
La oposición, que usualmente tiene menos peso que una empanada de aire, festejó la postergación como si hubieran ganado el Mundial de la Burocracia. Lograron que el santafesino Nicolás Mayoraz tuviera que ceder el paso, estirando los plazos hasta abril y dándole tiempo a los glaciares para que, al menos, sigan siendo de agua y no de escombros por unas semanas más. Mientras tanto, en Toronto, la mitad de la política argentina se fue a la convención minera más importante del mundo. Dicen las malas lenguas que si sumás los kilómetros acumulados por los gobernadores en aviones privados y las millas de Milei a Nueva York, tenés el «poroteo» exacto para aprobar la ley. Es un canje de manual: «yo te doy el litio, vos me das la coparticipación», una transacción tan romántica que haría llorar a un glaciar de deshielo.
El trasfondo de esta pelea no es solo ambiental, es una competencia de «dumping» interprovincial para ver quién es el primero en ofrecer sus recursos naturales con menos preguntas incómodas. Los ambientalistas ya mascullan bronca imaginando a las provincias peleándose por ver quién flexibiliza más, mientras los diputados indecisos son acechados como presas en el Sahara legislativo. El peronismo, por su parte, vive su propia tragedia griega: algunos resisten con la bandera de la ecología, mientras otros, como los sanjuaninos o los catamarqueños, ya están preparando la alfombra roja para el cobre y el litio. Al final, todo se resume a una carrera contra el reloj: el oficialismo necesita sancionar todo antes de que el hechizo de la «buena racha» se rompa y la realidad económica los despierte del sueño libertario.
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