El tratamiento de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para ser discutido por diputados y senadores a partir del 2 de febrero, cuando comenzará el período de sesiones de verano. El objetivo es avanzar en la discusión de una nueva normativa que reemplace la Ley de Minoridad vigente y establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
La decisión de incorporar este tema de gran interés a la agenda había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X, cuando la mesa política del Gobierno mantuvo un encuentro el lunes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin», afirmó Adorni.
Consensos y estrategia parlamentaria
En la Casa Rosada, el debate sobre la ley en cuestión se concentra en dos aspectos centrales: los plazos para su tratamiento y la búsqueda de consensos con la oposición. El Gobierno, a través de distintas fuentes, manifestó la intención de avanzar en la discusión con el mayor respaldo político posible y, para ello, promueve la unificación de los diferentes proyectos presentados por distintos bloques parlamentarios.
El antecedente de agosto de 2024, cuando el tema fue abordado en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, marcó una hoja de ruta para el texto actual. La normativa que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 fue diseñada en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.
El dilema de la edad de imputabilidad
El principal punto de debate gira en torno a la edad de imputabilidad. Mientras que la administración libertaria prefiere fijarla en 13 años, el consenso alcanzado en las comisiones parlamentarias estableció el piso en los 14. El Gobierno admitió que, pese a la intención original, está dispuesto a mantener abierta la discusión en pos de alcanzar acuerdos con los aliados y los sectores de la oposición.
El cronograma legislativo también incide en la posibilidad de que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil se prolongue más allá del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero. La reactivación del debate se vio impulsada por el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado en Santa Fe por otros menores, generando una fuerte repercusión en la agenda pública y política.
Asimismo, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar la Reforma Laboral, uno de los temas de mayor interés de la gestión de Javier Milei, configurando un febrero de intensa actividad parlamentaria.
<p>El Congreso de la Nación habilitó el tratamiento de la nueva Ley Penal Juvenil para el próximo 2 de febrero en el marco de las sesiones extraordinarias. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Nacional, busca establecer un sistema de responsabilidad penal adolescente. El debate central se focaliza en la edad de imputabilidad, oscilando entre los 13 y 14 años, en un temario que incluye la Reforma Laboral.</p>
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Bienvenidos a febrero de 2026, el mes donde históricamente los legisladores argentinos solo se preocupaban por el factor de protección solar y la temperatura del espumante en Punta del Este, pero que ahora los encuentra encerrados en el Congreso debatiendo si un chico de 13 años tiene la capacidad criminal de un villano de James Bond o si simplemente necesita un correctivo del Estado. Manuel Adorni, el hombre que ha convertido la palabra «Fin» en un fetiche gramatical que nos ahorra el trabajo de pensar, anunció vía X que la Ley Penal Juvenil entra al temario de las extraordinarias. Es fascinante observar cómo la política nacional decidió que la mejor manera de combatir el calor sofocante de Buenos Aires es metiendo a diputados y senadores en una olla a presión para discutir cuántas primaveras debe tener un delincuente antes de que el Código Penal le caiga encima con todo su peso burocrático.
La Casa Rosada, en un despliegue de optimismo que roza lo místico, busca consensos para unificar proyectos. Mientras Mariano Cúneo Libarona —quien seguramente redacta leyes mientras ajusta su colección de corbatas— insiste en que a los 13 años uno ya es lo suficientemente maduro para entender el mal, la oposición y algunos aliados miran con desconfianza, sugiriendo que 14 es un número más «redondo» y políticamente digerible. Es una puja aritmética donde el futuro de la seguridad parece depender de un año de diferencia en el desarrollo hormonal. Lo cierto es que la reactivación de este debate no nace de una epifanía pedagógica, sino de la cruda realidad que nos abofetea cada tanto, como el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe, recordándonos que mientras los adultos discuten comisiones de Legislación Penal y Presupuesto, la calle sigue dictando sus propias sentencias de muerte.
Y como si bajar la edad de imputabilidad no fuera suficiente para llenar las horas de televisión, el menú de verano incluye de postre la Reforma Laboral. El plan es perfecto: mientras el país discute si un adolescente debe ir a una cárcel o a un centro de rehabilitación, el Ejecutivo intenta pasar las reformas que harán que, cuando ese mismo adolescente cumpla la mayoría de edad y busque trabajo, las leyes laborales sean tan flexibles que trabajar ocho horas diarias parezca un privilegio de la nobleza medieval. Es una coreografía legislativa impecable, diseñada por alguien que evidentemente lleva 48 horas sin dormir, alimentándose exclusivamente de café de máquina y resentimiento acumulado contra el sistema de sesiones ordinarias. Prepárense, porque este febrero no habrá carnaval que valga; el verdadero espectáculo está en el recinto, donde el rugido del león se mezcla con el grito desaforado de una política que busca soluciones rápidas para problemas que llevan décadas pudriéndose al sol.
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