María del Carmen Ludueña tiene 63 años, vive en Moreno y desde hace siete años permanece postrada en su cama a causa de una enfermedad autoinmune severa que deterioró por completo sus articulaciones y huesos. En noviembre pasado, a través de un defensor oficial y con el acompañamiento de su hija y su hermana, presentó un recurso de amparo para solicitar acceso a la eutanasia, un procedimiento aún no legislado en la Argentina.
Una enfermedad que avanza sin pausa
María fue diagnosticada en 2001 con artritis reumatoidea poliarticular erosiva, una patología autoinmune incurable que afecta las articulaciones, cartílagos y huesos. Su cuadro, agravado por osteoporosis con alto riesgo de fracturas, la dejó completamente inmovilizada. En mayo de este año, los médicos debieron amputarle la pierna izquierda por una infección. Hoy depende de terceros para realizar cualquier acción cotidiana.
“Si alguien viviera un día como el mío, pediría lo mismo”, repite María, quien asegura que su mente “permanece lúcida” y eso hace más dolorosa su situación. “No puedo moverme, no puedo alimentarme sola, no puedo dormir sin ayuda. Esto no es vida, esto es una tortura”, resume desde su cama, donde un televisor encendido y el dibujo de una nieta son sus únicas distracciones.
Un reclamo ante la Justicia
La solicitud de María está ahora en manos de la Corte Suprema bonaerense, tras haber sido rechazada en primera y segunda instancia. Su abogado, el defensor oficial Pablo Molins, explicó que el recurso busca garantizar “que su decisión no implique consecuencias penales para quienes la asistan”. El caso fue elevado al Ministerio de Salud provincial y a la Procuraduría para su análisis.
“El juzgado de primera instancia rechazó el pedido sin siquiera interiorizarse en la historia de María. La Cámara también lo desestimó, y ahora esperamos que la Corte comprenda la gravedad de su situación”, señaló Molins, quien pidió que los jueces “se acerquen a conocer su realidad” antes de dictar sentencia.
El vacío legal y los proyectos en el Congreso
En Argentina, la Ley de Muerte Digna —sancionada en 2012— permite rechazar tratamientos que prolonguen la vida artificialmente, pero no habilita la eutanasia activa, es decir, la asistencia médica para morir. Actualmente, cinco proyectos de ley buscan regular este derecho, impulsados por legisladores como Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Miguel Ángel Pichetto. Sin embargo, ninguno ha sido debatido en el recinto y todos corren riesgo de perder estado parlamentario este año.
“Esto no es vida”
Desde su cama, con la voz pausada y la mirada firme, María pide lo mismo que desde hace un año: que la Justicia le permita morir sin culpa ni castigo para quienes la ayuden. “Ya no tengo esperanzas. Si pudiera hacerlo sola, ya lo habría hecho. Pero necesito ayuda. Quiero irme tranquila y que mi hija también pueda descansar”, dice.
Su hija, Mariela, la acompaña todos los días y respalda su decisión. “Sé lo que sufre, sé cómo vive, y por eso la entiendo. No quiero perderla, pero tampoco quiero verla sufrir más”, afirma entre lágrimas. En esa casa de La Reja, entre recuerdos familiares y el silencio de las paredes, ambas esperan un fallo judicial que puede marcar un antes y un después en el debate sobre el derecho a morir con dignidad en Argentina.
