Las autoridades del Hospital Garrahan, con el aval del Gobierno Nacional, han formalizado la cesantía de once trabajadores de la institución. La medida surge como conclusión de una serie de sumarios administrativos iniciados tras los incidentes del 31 de octubre de 2025, cuando un grupo de empleados y dirigentes sindicales protagonizó la toma de las oficinas de la Dirección Médica en medio de un conflicto por descuentos salariales aplicados a raíz de medidas de fuerza previas.
Fundamentos de la sanción y reconstrucción de los hechos
Según la información oficial suministrada por el centro asistencial, la toma del sector de conducción médica no solo interrumpió el normal funcionamiento de un área crítica, sino que incluyó la permanencia forzada del personal administrativo, agresiones verbales y la desobediencia manifiesta a las órdenes impartidas por el personal de seguridad.
Para determinar las responsabilidades individuales, el hospital instruyó un total de 44 sumarios administrativos. Tras analizar testimonios, material audiovisual y registros internos, el Consejo de Administración decidió aplicar la máxima sanción a once personas que, según la investigación, tuvieron un «rol activo en la organización y conducción» de la medida. En los casos restantes, se aplicaron sanciones de menor escala acordes a la gravedad de cada conducta particular.
La situación de los delegados y la tutela sindical
Un punto determinante en el futuro inmediato de este conflicto es la condición gremial de los afectados. De los once sancionados, diez son delegados sindicales pertenecientes a las organizaciones ATE y APyT. Esta condición les otorga la denominada tutela gremial, una protección legal que impide la efectivización de la cesantía sin una autorización judicial previa.
Los trabajadores alcanzados por la resolución son: Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
La institución aclaró que la única trabajadora que no cuenta con representación sindical podrá ser desviculada de forma inmediata. En cambio, para los diez dirigentes restantes, el hospital deberá aguardar a que la Justicia Laboral dicte el levantamiento de los fueros para concretar la baja del plantel.
Un conflicto que escala a nivel nacional
Desde los sectores gremiales, se sostiene que la ocupación de la Dirección Médica fue una reacción directa a la falta de respuestas a sus reclamos salariales y a la decisión de no abonar los días no trabajados. No obstante, desde el ámbito gubernamental se enfatizó que el accionar sindical puso en riesgo la gestión de una institución sanitaria de alta complejidad, la cual es referente en pediatría para todo el país.
Actualmente, el Hospital Garrahan mantiene su operatividad habitual y las autoridades han garantizado que la atención a los pacientes no presenta afectaciones. El desenlace de esta disputa quedará ahora en manos de los tribunales, cuyo fallo marcará un precedente sobre el límite de las acciones gremiales dentro de los servicios esenciales del Estado.
