El Gobierno nacional se dispone a enviar al Congreso de la Nación un ambicioso proyecto de reforma integral del Código Penal. El objetivo central de la administración de Javier Milei es endurecer las penas y adecuar un cuerpo normativo que ha quedado desfasado frente a las nuevas modalidades delictivas. Esta iniciativa es considerada una prioridad absoluta para dotar al Poder Judicial de instrumentos legales actualizados.
La redacción del anteproyecto estuvo a cargo de una comisión de expertos liderada por el juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado enfatizó la urgencia de modernizar un Código vigente desde 1921, el cual, según sus palabras, «tiene 100 años de atraso» y ha subsistido mediante «mil parches» normativos que dificultan su aplicación coherente en la actualidad.
Agravantes y delitos imprescriptibles
Dentro de los ejes fundamentales de la reforma, se destaca el incremento de las sanciones para delitos violentos. El texto propone incorporar agravantes específicos para modalidades delictivas urbanas, como los ataques perpetrados por motochorros y los incidentes de violencia en espectáculos deportivos. Asimismo, el proyecto busca declarar imprescriptibles los delitos de extrema gravedad, asegurando que el paso del tiempo no impida el juzgamiento de casos de abuso sexual, homicidio, trata de personas, terrorismo y narcotráfico.
En lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado, la propuesta pone el foco en la asfixia financiera de las estructuras delictivas. Para ello, se establece el decomiso sistemático de bienes de origen ilícito, permitiendo al Estado recuperar activos provenientes de actividades criminales de manera más ágil y efectiva.
Ciberdelito y protección ambiental
Por primera vez en la historia legislativa argentina, el Código Penal incluiría un capítulo dedicado exclusivamente a los delitos digitales. La reforma tipifica conductas que anteriormente carecían de una sanción específica o clara, tales como la usurpación de identidad, el grooming y la difusión no consentida de datos personales. Esta actualización responde a la creciente digitalización de la sociedad y al aumento de las estafas cometidas a través de plataformas tecnológicas.
Además de la protección del sistema democrático mediante la tipificación de delitos electorales, el proyecto introduce la figura del ecocidio. Esta nueva categoría penal busca castigar con rigor los desastres ambientales provocados, con especial atención en los incendios forestales intencionales que han afectado diversas regiones del país en los últimos años.
El escenario legislativo
El cronograma oficial prevé que el texto ingrese al Parlamento una vez que concluya el tratamiento de la reforma laboral. Se anticipa un debate legislativo complejo, dado que la magnitud de los cambios propuestos generará tensiones políticas. El juez Borinsky defendió la iniciativa asegurando que responde a una «necesidad social» y que la ciudadanía exige que la ley penal contemple problemas contemporáneos como las salideras bancarias y los fraudes mediante aplicaciones de mensajería. De ser sancionada, esta reforma representaría la transformación más profunda del sistema legal argentino en más de un siglo.
