El Gobierno nacional implementó la libre circulación de camiones bitrenes en todo el país mediante la Resolución 1196/2025, publicada en el Boletín Oficial. La norma establece que no habrá restricciones horarias, salvo en aquellos tramos donde se identifiquen riesgos para la seguridad vial; en esos casos, la circulación quedará sujeta a autorización técnica previa.
La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, iguala el tratamiento administrativo para todas las categorías de bitrenes y elimina los trámites adicionales que recaían sobre la categoría 3, los cuales generaban demoras superiores a 90 días. Con esta actualización se busca un esquema más simple y flexible, reducir cargas administrativas y mejorar la previsibilidad regulatoria del sector logístico.
Qué es un bitren y por qué importa
Los bitrenes son combinaciones de un camión tractor con dos remolques unidos por un plato de enganche. Ofrecen hasta 75% más capacidad de carga que un camión convencional, con mayor seguridad operativa y menores emisiones por viaje, al concentrar más tonelaje en menos recorridos.
De la restricción al régimen de libre circulación
Hasta la entrada en vigencia de esta resolución, solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para bitrenes y, en la provincia de Buenos Aires, apenas el 11% de los tramos. El nuevo régimen de libre circulación corre la frontera operativa sobre la Red Vial Nacional y restringe únicamente los segmentos con riesgos objetivos debidamente fundamentados, donde se exigirá autorización previa.
Categorías, parámetros y fin de los trámites extra
Se unifican criterios para todas las categorías sin comprometer la seguridad vial. Las categorías 2 y 3 mantienen los mismos parámetros de ancho, altura y peso. Se eliminan los requisitos adicionales que pesaban solo sobre la categoría 3 (hasta 30,25 metros de longitud y 75 toneladas de peso total), considerados injustificados en el nuevo marco.
Armonización normativa y limpieza de requisitos
La actualización aborda inconsistencias regulatorias, como la disparidad entre la Resolución 884/2018 y la Ley N.º 6.675 de la Ciudad de Buenos Aires sobre horarios y zonas habilitadas. Además, corrige prácticas administrativas que causaban demoras, incluida la exigencia de documentación ya eliminada (como el R.U.T.A., suprimido en diciembre de 2024) y que obligaba a las empresas a operar con vehículos menos eficientes.
Para el Gobierno, la decisión simplifica y agiliza normas obsoletas que trababan la competitividad del transporte de cargas, con el principio rector de la seguridad vial como límite operativo. Para el sector productivo, el cambio promete menores costos logísticos, mejores tiempos y una red más previsible para planificar producción y comercio.
