El conflicto gremial en el sector aeronáutico ha escalado nuevamente, poniendo en jaque la conectividad del país en uno de los meses de mayor movimiento turístico y familiar. A diferencia de medidas anteriores protagonizadas por pilotos o tripulantes de cabina, esta vez el foco de la tensión se ubica en las torres de control: quienes paran no son empleados de las aerolíneas, sino los controladores aéreos nucleados en ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación).
El reclamo apunta directamente contra la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la compañía estatal que posee el monopolio del control del tráfico aéreo en el país. El sindicato exige una recomposición salarial urgente en paritarias, además de denunciar condiciones operativas deficientes y una alarmante falta de personal para cubrir los puestos clave de seguridad.
El cronograma del caos: cuándo no se vuela
ATEPSA ha diseñado un esquema de «medidas legítimas de acción sindical» quirúrgico, interrumpiendo los despegues en franjas horarias específicas que prometen generar un efecto dominó de demoras y cancelaciones. El calendario de protestas para lo que resta de diciembre es el siguiente:
- Miércoles 17 de diciembre: De 08:00 a 11:00 hs (Afectó vuelos nacionales).
- Jueves 18 de diciembre: De 16:00 a 19:00 hs (Impacto en vuelos nacionales).
- Martes 23 de diciembre: De 19:00 a 23:00 hs (Afecta a toda la aviación, en la previa crítica de Navidad).
- Sábado 27 de diciembre: De 14:00 a 17:00 hs (Foco en vuelos internacionales).
- Lunes 29 de diciembre: De 08:00 a 11:00 hs (Paro total en todas las terminales).
Es importante destacar que, durante estas ventanas de inactividad, el gremio solo garantizará las guardias mínimas para vuelos esenciales: sanitarios, humanitarios, de Estado, tareas de búsqueda y salvamento, y emergencias en vuelo.
«Cielos Abiertos» con torres cerradas
El impacto de la medida golpea de lleno al sector privado, generando una contradicción operativa en medio de la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional. Aunque aerolíneas como Flybondi y JetSmart no tienen conflicto con sus propios empleados, dependen al 100% de la autorización de EANA para operar. Esto ha obligado a las compañías «low cost» a cancelar servicios, reprogramar horarios para esquivar las franjas de paro e incluso trasladar operaciones a aeropuertos alternativos como Ezeiza.
La situación también afecta a la aviación ejecutiva. Los propietarios de aviones privados se encuentran imposibilitados de presentar planes de vuelo o recibir autorización de despegue durante las horas de huelga. Este escenario expone el «cuello de botella» del sistema: mientras se avanza en la desregulación de servicios como el de rampas (permitiendo la entrada de nuevos actores privados), el control del tráfico aéreo sigue centralizado en una única empresa estatal. Si la torre para, todo el ecosistema de «Cielos Abiertos», tanto público como privado, queda inoperable en tierra.
