Las centrales obreras CTA-Autónoma, CTA de los Trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificaron un esquema de medidas de fuerza de carácter federal para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La estrategia sindical consiste en una serie de paros regionales y movilizaciones que buscan incidir en la votación prevista para el próximo miércoles 11 de febrero en el Congreso de la Nación.
Cronograma de las medidas de fuerza
A diferencia de las huelgas generales tradicionales, esta vez los gremios han optado por una progresividad geográfica destinada a visibilizar el conflicto en distritos con distintas realidades productivas y políticas:
- Jueves 5 de febrero (Córdoba): Inicio de las protestas en la capital provincial, con fuerte adhesión de los sectores públicos y docentes.
- Sábado 7 de febrero (CABA): Movilización central hacia las inmediaciones del Congreso nacional.
- Martes 10 de febrero (Rosario): Cierre de la jornada de lucha con foco en los sectores industriales y portuarios de Santa Fe.
Los puntos de quiebre en la negociación
Para el sector gremial, la iniciativa legislativa representa una desregulación que beneficia exclusivamente a la parte empleadora. El secretario general de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, calificó la propuesta como un golpe a la democracia y a las conquistas históricas de la clase trabajadora. Entre los artículos que generan mayor resistencia se destacan:
Punto de la Reforma Impacto denunciado por los Gremios
Fondo de Cese Laboral Sustitución de la indemnización por un sistema de capitalización.
Periodo de Prueba Extensión de la facultad de despido sin causa de
3 a 10 meses.
Cuotas Solidarias Eliminación de aportes obligatorios de no afiliados, afectando la caja sindical.
Derecho a Huelga Declaración de «servicios esenciales» para limitar paros en educación y transporte.
Escenario legislativo y afectación de servicios
El oficialismo confía en alcanzar el quórum y los votos necesarios mediante acuerdos con los denominados bloques dialoguistas. Sin embargo, desde ATE, su titular Rodolfo Aguiar advirtió que la aprobación de la ley profundizará la conflictividad, especialmente en lo que respecta al pase a disponibilidad de empleados públicos y la eventual privatización de áreas estatales.
Se anticipa que durante los días de protesta la atención en organismos como ANSES, PAMI y diversas carteras ministeriales se verá seriamente afectada. En Córdoba y Rosario, se prevé que el transporte y la salud pública funcionen con guardias mínimas debido a la adhesión de las filiales locales de las centrales obreras.
<p>Las dos vertientes de la CTA y el gremio ATE iniciaron un plan de lucha federal contra el proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Congreso el próximo 11 de febrero. Las medidas incluyen paros escalonados en Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Los sindicatos denuncian que la iniciativa oficialista vulnera la estabilidad en el empleo público y privado, extiende el período de prueba y limita el derecho a huelga.</p>
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En el eterno retorno de la política argentina, donde las calles se llenan de banderas con la misma frecuencia con la que sube el precio del pan, las CTA y ATE han decidido desempolvar el bombo y el megáfono para lanzarse a un «plan de lucha escalonado». Parece que los muchachos del gremialismo no están muy convencidos de que la reforma laboral sea el paraíso de competitividad que les vendieron, y han optado por una gira federal que envidiaría cualquier banda de rock en decadencia. Empezando por Córdoba —el corazón del apoyo oficialista, donde ir a protestar es como venderle arena a un jeque—, el cronograma de paros busca desgastar a los legisladores antes del debate del 11 de febrero. El objetivo es claro: que el Congreso sienta la presión del asfalto caliente antes de que alguien se atreva a levantar la mano para aprobar el fin de las indemnizaciones tradicionales.
La retórica sindical está en su punto de ebullición, con Hugo «Cachorro» Godoy definiendo el proyecto como un «ataque directo al pueblo», una frase que ya tiene registro de propiedad intelectual en el manual del buen opositor. Lo que realmente les quita el sueño a los dirigentes no es solo la estabilidad del trabajador, sino ese pequeño detalle de las «cuotas solidarias»: la posibilidad de que los no afiliados dejen de aportar a la caja gremial. Es comprensible, nadie quiere que le toquen la billetera en nombre de la libertad de asociación. Entre el Fondo de Cese Laboral y la extensión del período de prueba a diez meses —un tiempo en el que un empleado ya es casi parte del inventario antes de que lo puedan echar sin un peso—, la tensión promete transformar la Ciudad de Buenos Aires en un gimnasio de resistencia aeróbica para conductores con poca paciencia.
Rodolfo Aguiar, desde ATE, ya avisó que si la ley avanza, la conflictividad en el Estado se va a poner más picante que un locro de 25 de mayo. Mientras tanto, en los despachos oficiales se frotan las manos confiando en los «bloques dialoguistas», ese eufemismo que usamos para referirnos a quienes están esperando el momento justo para negociar algo a cambio de su voto. El martes 10, la previa cerrará en Rosario, donde los portuarios e industriales le pondrán el moño a una serie de movilizaciones que intentarán demostrar que, aunque el Gobierno tenga los votos en las urnas, la calle sigue teniendo sus propios dueños. Habrá que ver si el miércoles 11 el Congreso se convierte en el escenario de una reforma histórica o en el epicentro de un nuevo capítulo del folklore de la resistencia nacional.
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