Una nueva controversia sacude los pasillos del Palacio San Martín tras conocerse la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La polémica radica en que la entidad beneficiaria está bajo la dirección de María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El proceso se llevó a cabo mediante la modalidad de adjudicación directa, omitiendo el proceso de licitación pública habitual para este tipo de montos.
Capacitación de élite y costos por hora
El objeto del contrato estipula la prestación de un total de 1.152 horas de clases de inglés destinadas al personal de la Cancillería. Al realizar el desglose de las cifras, se desprende que el Estado nacional abonará aproximadamente $99.000 por cada hora de instrucción. Este valor ha despertado fuertes críticas en el sector educativo y político, dado que supera ampliamente los aranceles de mercado para capacitaciones corporativas o institucionales de alto nivel.
Conflicto de interés y mecanismos de control
Debido al vínculo conyugal entre la directora de la AACI y un ministro de primera línea del Gabinete Nacional, se debió activar de forma inmediata el mecanismo oficial por posible conflicto de interés. Este procedimiento está diseñado para transparentar contrataciones donde los funcionarios puedan tener una incidencia directa o indirecta en el beneficio de allegados o familiares, tal como establece la normativa de ética pública vigente.
A pesar de la activación de estos protocolos, la adjudicación directa ha generado suspicacias respecto a la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, especialmente en un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por la propia administración nacional. Hasta el momento, no se ha emitido un descargo oficial que justifique la elección de esta asociación por sobre otras propuestas pedagógicas ni la determinación del valor horario acordado.
<p>El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó de forma directa un contrato de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad presidida por María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro Federico Sturzenegger. La contratación, destinada a 1.152 horas de capacitación en idioma inglés, activó los protocolos oficiales por presunto conflicto de interés debido al vínculo familiar involucrado.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
En un giro narrativo que dejaría a Shakespeare pidiendo el retiro por invalidez, la Cancillería argentina ha decidido que la mejor forma de combatir el déficit fiscal es invirtiendo 114 millones de pesos en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Hasta acá, una noticia más sobre la eterna obsesión nacional por el «verb to be». El detalle es que la institución está dirigida por María Josefina Rouillet, quien casualmente comparte el café de las mañanas y el certificado de matrimonio con Federico Sturzenegger, el mismísimo ministro encargado de pasarle la motosierra hasta al papel higiénico de las dependencias públicas. Al parecer, la libertad avanza, pero si lo hace con acento británico y en familia, avanza mucho más rápido y con mejores viáticos.
El contrato contempla el pago de casi 100 mil pesos por hora de clase. A ese precio, uno esperaría que los diplomáticos no solo aprendan a decir «The book is on the table», sino que el mismísimo fantasma de Winston Churchill baje a dictarles las lecciones mientras les sirve un té con scones. Es una jugada maestra de la eficiencia: mientras el Gobierno nos explica que «no hay plata» para el común de los mortales, han encontrado un generoso flujo de caja para que el conocimiento anglosajón circule entre parientes. Se activó el mecanismo por «posible conflicto de interés», un protocolo burocrático que en Argentina suele tener la misma efectividad que un paraguas de papel en medio de un temporal pampeano.
Lo más fascinante es la adjudicación directa, ese método de contratación donde la competencia es un concepto tan abstracto como la paz mundial. No hubo licitación, no hubo comparativa de precios; simplemente se decidió que nadie mejor que la esposa del «arquitecto de la desregulación» para regular el aprendizaje del inglés en el Estado. Es una meritocracia de entrecasa, un «all in the family» versión diplomática donde el ajuste lo hacen los otros, y las horas cátedra a precio de oro se quedan en el living de los Sturzenegger. Si esto no es «optimización de recursos», al menos es una excelente forma de practicar el networking matrimonial sin salir de la oficina.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
Una nueva controversia sacude los pasillos del Palacio San Martín tras conocerse la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La polémica radica en que la entidad beneficiaria está bajo la dirección de María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El proceso se llevó a cabo mediante la modalidad de adjudicación directa, omitiendo el proceso de licitación pública habitual para este tipo de montos.
Capacitación de élite y costos por hora
El objeto del contrato estipula la prestación de un total de 1.152 horas de clases de inglés destinadas al personal de la Cancillería. Al realizar el desglose de las cifras, se desprende que el Estado nacional abonará aproximadamente $99.000 por cada hora de instrucción. Este valor ha despertado fuertes críticas en el sector educativo y político, dado que supera ampliamente los aranceles de mercado para capacitaciones corporativas o institucionales de alto nivel.
Conflicto de interés y mecanismos de control
Debido al vínculo conyugal entre la directora de la AACI y un ministro de primera línea del Gabinete Nacional, se debió activar de forma inmediata el mecanismo oficial por posible conflicto de interés. Este procedimiento está diseñado para transparentar contrataciones donde los funcionarios puedan tener una incidencia directa o indirecta en el beneficio de allegados o familiares, tal como establece la normativa de ética pública vigente.
A pesar de la activación de estos protocolos, la adjudicación directa ha generado suspicacias respecto a la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, especialmente en un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por la propia administración nacional. Hasta el momento, no se ha emitido un descargo oficial que justifique la elección de esta asociación por sobre otras propuestas pedagógicas ni la determinación del valor horario acordado.
En un giro narrativo que dejaría a Shakespeare pidiendo el retiro por invalidez, la Cancillería argentina ha decidido que la mejor forma de combatir el déficit fiscal es invirtiendo 114 millones de pesos en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Hasta acá, una noticia más sobre la eterna obsesión nacional por el «verb to be». El detalle es que la institución está dirigida por María Josefina Rouillet, quien casualmente comparte el café de las mañanas y el certificado de matrimonio con Federico Sturzenegger, el mismísimo ministro encargado de pasarle la motosierra hasta al papel higiénico de las dependencias públicas. Al parecer, la libertad avanza, pero si lo hace con acento británico y en familia, avanza mucho más rápido y con mejores viáticos.
El contrato contempla el pago de casi 100 mil pesos por hora de clase. A ese precio, uno esperaría que los diplomáticos no solo aprendan a decir «The book is on the table», sino que el mismísimo fantasma de Winston Churchill baje a dictarles las lecciones mientras les sirve un té con scones. Es una jugada maestra de la eficiencia: mientras el Gobierno nos explica que «no hay plata» para el común de los mortales, han encontrado un generoso flujo de caja para que el conocimiento anglosajón circule entre parientes. Se activó el mecanismo por «posible conflicto de interés», un protocolo burocrático que en Argentina suele tener la misma efectividad que un paraguas de papel en medio de un temporal pampeano.
Lo más fascinante es la adjudicación directa, ese método de contratación donde la competencia es un concepto tan abstracto como la paz mundial. No hubo licitación, no hubo comparativa de precios; simplemente se decidió que nadie mejor que la esposa del «arquitecto de la desregulación» para regular el aprendizaje del inglés en el Estado. Es una meritocracia de entrecasa, un «all in the family» versión diplomática donde el ajuste lo hacen los otros, y las horas cátedra a precio de oro se quedan en el living de los Sturzenegger. Si esto no es «optimización de recursos», al menos es una excelente forma de practicar el networking matrimonial sin salir de la oficina.