En una sesión que redefine el rumbo económico y social del país, el Senado de la Nación aprobó de manera definitiva, respetando la media sanción de la Cámara de Diputados, el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal. El paquete legislativo, que contó con el respaldo clave de sectores de la Unión Cívica Radical, ha despertado fuertes críticas debido al severo ajuste en áreas estratégicas y a los riesgos normativos en materia de control financiero.
El desfinanciamiento educativo llega a mínimos históricos
Uno de los puntos más controvertidos del Presupuesto 2026 es la partida destinada a la educación. Los legisladores oficialistas y aliados —incluido el senador Valdés, de Corrientes, con pasado en la Franja Morada— avalaron una reducción presupuestaria que ubica la inversión educativa en el 0,8% del PBI. Esta cifra rompe definitivamente con la meta legal del 6% del Producto Bruto Interno, objetivo que se alcanzó por última vez en 2015.
La evolución del financiamiento educativo muestra una caída sistemática: tras oscilar entre el 2,3% y el 3,5% en años anteriores, en 2025 se situó cerca del 1,5% debido a la prórroga presupuestaria y una inflación acumulada del 160% entre 2024 y 2025. Con la nueva ley, se eliminan además los fondos específicos para la educación técnica (ex CONET), comprometiendo la formación profesional en todo el territorio nacional.
Inocencia Fiscal: riesgos de lavado y sanciones internacionales
La Ley de Inocencia Fiscal introdujo cambios profundos en el régimen tributario y financiero. Si bien la norma actualiza los montos para considerar la evasión, establece un esquema que no exige declarar el origen de los fondos que se incorporan al sistema financiero. Esta omisión sitúa al país en una posición de vulnerabilidad frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pudiendo ser catalogado nuevamente como paraíso fiscal o jurisdicción no cooperante, rompiendo acuerdos con rango constitucional desde 1994.
Especialistas advierten que esta falta de trazabilidad permite el lavado de activos provenientes de delitos graves como el narcotráfico o el tráfico de armas. Por otro lado, la ley eleva las multas por incumplimientos formales de manera exponencial: de los actuales $200 y $400, las sanciones pasarán a $220.000 para personas físicas y $440.000 para jurídicas. «Muchos responsables inscriptos no facturan en un mes lo suficiente para asegurar la rotación de mercadería y el pago de sueldos», señalan desde diversos Consejos Profesionales, advirtiendo que el cobro ejecutivo de estas multas derivará en quiebras masivas e impulsará la implosión del sector privado.
Incógnita por las reservas de oro del BCRA
En el marco de esta reconfiguración económica, la Justicia ha exigido precisiones sobre las reservas de oro del Estado Nacional. Tras las denuncias y pedidos de informe de la Auditoría General de la Nación, se busca determinar el paradero de 11 toneladas de oro en lingotes que fueron trasladadas en camiones de caudales hacia el aeropuerto de Ezeiza durante julio y agosto de 2024.
La situación judicial compromete al presidente del Banco Central y al ministro de Economía, quienes podrían enfrentar cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación. El impacto financiero es directo: el oro representa aproximadamente U$S 4.981 millones de las reservas brutas. Sin embargo, al no poder confirmarse su ubicación y disponibilidad, las reservas netas reales se estiman en valores superiores a los U$S -23.000 millones, profundizando la fragilidad del balance de la autoridad monetaria.
