¿Qué dice el artículo 91? La polémica norma que disuelve la Justicia Nacional del Trabajo

Redacción Cuyo News
5 min

En una jornada de alta tensión en el ámbito judicial, los trabajadores del fuero laboral nacional realizaron este lunes la toma del edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. La acción, definida como de «emergencia» tras una asamblea multitudinaria, fue el puntapié inicial para un paro total de actividades por 48 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

Rechazo al traspaso y denuncia de «desmantelamiento»

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, denunció a través de un comunicado la «gravísima situación» que atraviesa el fuero. Según el gremio, la transferencia de competencias a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) representa un intento de «entrega» y un «traspaso destructivo» que pone en riesgo la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores.

La toma del edificio concluyó cerca de las 9:30, momento en el cual se ratificó el cese de tareas que afecta a todas las dependencias del fuero nacional. Para este martes, los judiciales tienen previsto profundizar la medida con una movilización a las 11:00, en sintonía con el debate que se avecina en el Senado por la aprobación final de la ley.

El polémico Artículo 91 de la Reforma Laboral

El núcleo del conflicto se encuentra en el artículo 91 del proyecto de reforma laboral, el cual establece un cronograma de disolución para la actual estructura judicial laboral de alcance nacional. Los puntos clave de la normativa son:

  • Vigencia condicionada: La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su estructura solo hasta que se instrumente el acuerdo de transferencia entre la Nación y el Gobierno de CABA.
  • Disolución progresiva: Una vez formalizado el acuerdo, la norma ordena disponer los actos necesarios para la «progresiva disolución» del fuero conforme a los plazos que se establezcan.

Para los manifestantes, esta medida no solo afecta su estabilidad laboral y jerarquía, sino que implica una pérdida de especialidad en la resolución de conflictos laborales al quedar bajo la órbita de la justicia local, la cual consideran con menos recursos y una orientación política distinta a la doctrina histórica del fuero nacional.

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