La mesa política del oficialismo, encabezada por el jefe de Gabinete, resolvió hace algunas semanas en la Casa Rosada modificar la estrategia legislativa respecto a la reforma del Código Penal. La decisión central radica en un cambio de enfoque técnico: en lugar de continuar expandiendo el número de artículos, se buscará modificar la base del código vigente para lograr un texto más conciso y operativo.
Nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas
A pesar del recorte en la extensión del proyecto, el Gobierno mantendrá la firmeza en la persecución de delitos complejos. Se insistirá con el endurecimiento de penas para el narcotráfico, terrorismo y delitos económicos, además de poner especial énfasis en áreas emergentes como los delitos informáticos. La intención oficial es adaptar la normativa a las modalidades criminales contemporáneas que han ganado terreno en los últimos años.
Entre los puntos centrales que se conservan en la redacción, destaca la creación de tipificaciones específicas para modalidades que carecían de una figura propia de peso, como la estafa piramidal, las denominadas “viudas negras” —mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles—, los “motochorros” y la entradera bancaria. Según trascendió, el objetivo es que la técnica legislativa no sea «tan pesada» y permita una aplicación más directa por parte del Poder Judicial.
De 912 artículos a una versión compacta
El proceso de redacción ha tenido idas y vueltas significativas. La junta de expertos entregó una primera versión en febrero del 2025 que contaba con 540 artículos. Sin embargo, el trabajo posterior expandió esa cifra considerablemente hasta alcanzar los 912 artículos. Ante esta situación, se optó por un replanteo técnico para evitar un contenido inmanejable. “Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó una fuente vinculada a la comisión.
En este contexto, el Presidente convocó a una reunión en la Quinta de Olivos para definir los detalles finales del texto. El Ejecutivo también mantuvo comunicaciones con los integrantes de la comisión especializada, un grupo de juristas que trabaja en esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri y que cuenta con nombres de peso en el ámbito judicial argentino.
El equipo de trabajo está liderado por el abogado Jorge Buompadre, y cuenta con la participación de los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez. Asimismo, integran este cuerpo los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena, quienes tienen la tarea de dar forma final a la norma que buscará modernizar el sistema punitivo nacional.
