El presidente Javier Milei confirmó que impulsará una reforma del régimen laboral, con la promesa de ofrecer mayor previsibilidad a las empresas y fomentar el empleo formal, en un contexto donde los convenios colectivos vigentes datan en muchos casos de hace más de siete décadas.
Un Congreso más favorable, pero aún insuficiente
El reciente resultado de las elecciones legislativas fortaleció notablemente al oficialismo. Con una sorpresiva mejora en la provincia de Buenos Aires y victorias clave en distritos como Córdoba y Santa Fe, La Libertad Avanza consolidó una bancada de aproximadamente 100 diputados propios. Esto le permite alcanzar con holgura el tercio del recinto necesario para bloquear intentos de la oposición de rechazar decretos y vetos presidenciales.
Sin embargo, para avanzar en proyectos estructurales como la reforma laboral, el Gobierno necesitará sostener la alianza con el PRO —cuyos legisladores se redujeron a una decena— y buscar consensos más amplios con otros bloques y gobernadores.
El pedido de los empresarios y la “industria del juicio”
Durante el reciente Coloquio de IDEA, el consenso entre los empresarios fue unánime: la reforma laboral es una necesidad impostergable. La mayoría de los convenios actuales nacieron al calor del primer peronismo, cuando el sindicalismo emergía como una pieza clave del engranaje político del Partido Justicialista.
Sin embargo, especialistas advierten que modificar las leyes no será suficiente para erradicar la litigiosidad laboral, fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos años. Pese a reformas anteriores en la ley de accidentes laborales, la cantidad de demandas sigue en aumento.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), los juicios laborales crecieron un 10,2% en los últimos dos años, incluso cuando el empleo privado se redujo. El impacto económico es significativo: más de $2 billones al año en costos asociados a peritos y abogados, y se estima que en 2025 se superarán las 130.000 nuevas demandas.
Una pulseada política y sindical
El Gobierno buscará capitalizar el respaldo electoral para avanzar en su agenda, aunque es consciente de que deberá negociar con actores clave como los sindicatos, que históricamente han frenado reformas similares. La cuestión de fondo será cómo rediseñar un sistema que equilibre derechos laborales con la necesidad de generar empleo formal y competitivo.
