La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que realizará una movilización el jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, recientemente enviado al Congreso para su tratamiento legislativo.
La decisión fue adoptada por la mesa chica de la central sindical, encabezada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, en una reunión donde el proyecto oficialista fue el eje del análisis político, económico, social y laboral del contexto actual.
Críticas al contenido del proyecto y su enfoque
Desde la CGT señalaron que, si bien el texto no modifica sustancialmente el rol de los sindicatos ni interviene directamente en las finanzas gremiales, contiene expresiones que consideran agraviantes hacia los trabajadores y sus representantes.
“La reunión estuvo atravesada casi por completo por el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo ingresó hoy al Senado”, señalaron, al tiempo que cuestionaron declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien omitió —según afirmaron— aspectos centrales del informe del Consejo de Mayo.
“En varios tramos el informe habla de ‘trabas’, de ‘aprovechamientos sindicales’ y hasta utiliza ironías sobre la actividad laboral, pero no menciona que la CGT dejó asentado —en la página 288— su rechazo explícito a los puntos que allí se discutían”, remarcaron.
Rechazo total y estrategia judicial
La CGT expresó un rechazo total a todos los puntos del proyecto, y anticipó que avanzará con una estrategia política y judicial para impedir su aprobación. Sostienen que varios artículos son “claramente inconstitucionales”, al contradecir el principio protector del derecho del trabajo y disposiciones expresas de la Constitución Nacional.
Entre las preocupaciones, indicaron que distintas actividades laborales —como periodistas, viajantes, choferes particulares o trabajadores de enfermería— podrían ver derogados derechos adquiridos mediante convenios colectivos.
En ese sentido, advirtieron: “Vamos a explicar a cada legislador y a cada gobernador por qué esta ley no puede aprobarse”.
Detalles del articulado
El texto establece que los empleadores podrán actuar como agentes de retención para el cobro de cuotas sindicales, pero solo con conformidad expresa del trabajador y previo acuerdo entre las partes.
Además, requiere una resolución de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano para que ese mecanismo quede habilitado. Cualquiera de las partes podrá dejar sin efecto el acuerdo notificando a la otra con 30 días de anticipación por un medio fehaciente.
