Mientras el Consejo de Mayo avanza en la redacción del proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso en diciembre, la nueva conducción de la CGT se prepara para definir este lunes los pasos a seguir ante un escenario que considera alarmante: buena parte del borrador retoma artículos del DNU 70 que el sindicalismo rechazó y logró frenar judicialmente.
La central obrera advierte que las modificaciones impulsadas por el oficialismo podrían convertirse en el mayor foco de confrontación desde la aprobación de la Ley Bases. La tensión creció luego de que Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y uno de los representantes cegetistas en la mesa del Consejo de Mayo, reiterara su rechazo a “cualquier intento de reforma laboral inspirada en el decreto 70/23”.
Martínez señaló que el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos “incluye compromisos laborales como eje fundamental” y recordó que el capítulo correspondiente establece que “Argentina ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente”, además de prohibir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso.
El dirigente advirtió que estos compromisos internacionales obligan a revisar varios artículos del proyecto de reforma laboral, los cuales, según planteó, podrían ser incompatibles con convenciones internacionales vinculadas a la libertad sindical y al derecho de huelga.
Los puntos «inaceptables» para la CGT
Fuentes del Consejo de Mayo confirmaron que existen al menos diez propuestas que la CGT considera inaceptables y que, de mantenerse en la versión final, anticipan un conflicto abierto con el Gobierno.
- Limitación de la ultraactividad de los convenios: sólo las cláusulas “normativas” seguirían vigentes tras el vencimiento. Las “obligacionales”, como los aportes, perderían validez.
- Prioridad para convenios por empresa: tendrían mayor jerarquía que los de actividad, debilitando el poder central de los gremios.
- Limitación de las cuotas solidarias: los no afiliados podrían evitar el pago salvo consentimiento expreso, lo que afectó el financiamiento sindical.
- Regulación del derecho de huelga: se fijan coberturas mínimas del 75% en servicios críticos y 50% en trascendentales, más restrictivo que lo permitido por la OIT.
- Incorporación de salarios dinámicos: un ítem variable según productividad. Para Daer, esto reduce el salario básico y fomenta el individualismo.
- Autorización obligatoria para asambleas: las empresas deberían aprobarlas previamente, lo que la CGT considera una limitación a la acción colectiva.
- Cambios en la norma más favorable: aunque se mantiene el principio, se fijan reglas objetivas que podrían favorecer a las patronales en litigios.
- Banco de horas y jornada semanal: se podría redefinir la jornada con promedios semanales y eliminar prácticamente las horas extras.
- Fraccionamiento de vacaciones: podrían dividirse en bloques de 7 días, lo que daría mayor control al empleador sobre el calendario.
- Ampliación de infracciones por bloqueos: se consideraría falta grave “instar u organizar” bloqueos, lo que la CGT ve como una criminalización creciente de la protesta.
Próximos pasos
La CGT convocó a una reunión de su Consejo Directivo para este lunes 17 de noviembre, donde se definirán las medidas a tomar frente al inminente envío del proyecto. El clima interno anticipa que, de no haber cambios sustanciales, el sindicalismo podría lanzar una nueva campaña de movilizaciones y acciones judiciales.
