En una maniobra clave para destrabar el tratamiento legislativo, el Gobierno nacional formalizará la próxima semana una instancia de negociación directa con la Confederación General del Trabajo (CGT). El objetivo central de esta mesa de diálogo es discutir y consensuar modificaciones específicas al proyecto de reforma laboral que se encuentra bajo análisis en la Cámara de Senadores, buscando facilitar su aprobación definitiva mediante la incorporación de sugerencias de diversos sectores.
La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, fue la encargada de confirmar la apertura de esta negociación. Según la legisladora, existe una voluntad política real de introducir cambios que permitan alcanzar los consensos necesarios. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, manifestó, marcando un paralelismo con las estrategias de negociación previas que permitieron avances legislativos al oficialismo.
La Comisión Técnica y el cronograma legislativo
Para operativizar estas negociaciones, Bullrich anunció que el próximo 16 de enero se pondrá en marcha una comisión técnica en la Cámara Alta. Este equipo de trabajo, que estará coordinado por su asesora Josefina Tajes, tendrá la responsabilidad de procesar y evaluar las propuestas técnicas tanto de la cúpula sindical como de las cámaras empresariales. El cronograma oficial estipula un ritmo de trabajo intenso durante el receso estival para lograr llevar el proyecto al recinto de sesiones el 10 de febrero.
La estrategia del oficialismo consiste en articular los reclamos de la CGT con las necesidades planteadas por los bloques dialoguistas, incluyendo al radicalismo, el PRO y los representantes de partidos provinciales. Desde el Gobierno enfatizan que, si bien la postura es receptiva, el límite está puesto en cualquier intento de mantener el sistema actual sin modificaciones estructurales, al cual consideran un obstáculo para el crecimiento económico.
Puntos críticos: indemnizaciones y cuotas solidarias
Uno de los ejes que mayor resistencia genera y que será materia de análisis profundo es el esquema de juicios laborales y contingencias indemnizatorias. Para el Poder Ejecutivo, es fundamental brindar previsibilidad a las empresas para fomentar la contratación de personal. En palabras de la senadora: “Si el sindicalismo quiere cuidar el empleo, tiene que ayudar a que las cosas se puedan cambiar”, enfatizó, subrayando que la modernización del mercado de trabajo es una condición sine qua non para reducir la informalidad laboral.
Respecto a los planteos sobre las cuotas solidarias sindicales, Bullrich aclaró que la prioridad absoluta es la generación de empleo y no el mantenimiento de prerrogativas sectoriales aisladas. “No se puede acordar solo lo que le conviene a una de las partes”, sentenció la legisladora, remarcando que cualquier acuerdo final deberá contemplar una visión integral que incluya nuevas modalidades de contratación y la actualización de los convenios colectivos de trabajo para adaptarlos a la realidad productiva del año 2026.
<p>El Gobierno nacional iniciará el 16 de enero una mesa técnica en el Senado para consensuar modificaciones en la reforma laboral con la CGT y sectores empresariales. Bajo la conducción de Patricia Bullrich, el oficialismo busca destrabar la negociación legislativa con el objetivo de emitir dictamen y tratar el proyecto en el recinto el próximo 10 de febrero.</p>
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En un nuevo episodio de la serie «Intentando que el país funcione sin que explote todo», el Gobierno nacional ha decidido convocar a una mesa de diálogo con la CGT, ese organismo que tiene la misma capacidad de renovación generacional que un museo de antigüedades. La estrategia es clara: sentar a los sindicalistas a discutir la reforma laboral justo en enero, aprovechando que el calor de Buenos Aires tiene el poder místico de ablandar hasta las convicciones más férreas o, al menos, de hacer que todos quieran terminar rápido para irse a lo que queda de la Bristol. Patricia Bullrich, en su rol de maestra de ceremonias legislativa, ha prometido cambios para obtener votos, una frase que en el diccionario político argentino se traduce como «estamos por empezar un regateo que haría que un vendedor de feria parezca un principiante».
La creación de la «comisión técnica» para el 16 de enero es el eufemismo perfecto para ese limbo burocrático donde las ideas van a morir o a ser transformadas en algo que nadie reconozca. Es tierno imaginar a los asesores analizando las «observaciones» de la CGT, que probablemente lleguen en servilletas con manchas de asado o, en el mejor de los casos, a través de señales de humo que dicen «no me toques la caja». Mientras tanto, el sector empresarial observa desde la esquina, esperando que alguien les explique cómo contratar a una persona sin que el juicio laboral resultante termine costando más que el programa espacial de la NASA. El optimismo del oficialismo es tal que ya pusieron fecha para el 10 de febrero en el recinto, demostrando que tienen una fe ciega en la capacidad humana de ponerse de acuerdo, o que simplemente ya compraron los pasajes para después de la votación.
Bullrich ha lanzado la máxima de que «no se puede acordar solo lo que le conviene a una de las partes», una frase que suena muy noble hasta que recordás que en las negociaciones argentinas, el concepto de «bien común» suele ser lo primero que se tira por la ventana cuando se empieza a hablar de las cuotas solidarias. Con la advertencia de que «el actual esquema está agotado», el Gobierno intenta vender una modernización que para el sindicalismo suena a ciencia ficción distópica. Será fascinante ver cómo evoluciona este diálogo de sordos, donde unos piden certezas para invertir y otros piden certezas para seguir viviendo en 1945. Al final del día, lo único seguro es que para el 10 de febrero alguien va a salir llorando, y lo más probable es que sea el contribuyente que sigue esperando que el empleo en blanco sea algo más que una leyenda urbana.
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