El fallecimiento de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años destinado a la custodia de la Quinta de Olivos, ha puesto al descubierto los alcances de la extorsión carcelaria en Argentina. Lo que inicialmente se presentó como una decisión personal desesperada, ha sido identificado por los investigadores como el desenlace de una operación de sextorsión ejecutada con precisión quirúrgica desde el interior de un penal.
La organización criminal utilizó una aplicación de citas para captar a la víctima bajo perfiles falsos. Tras obtener material íntimo, los delincuentes activaron el denominado «Audio del Terror», una pieza clave en su estructura de engaño. En este esquema, un recluso asume el personaje de un comisario o fiscal para informar a la víctima sobre una supuesta denuncia por interactuar con una menor de edad, exigiendo transferencias inmediatas de dinero para «frenar» el proceso judicial.
La industrialización del delito tras las rejas
Expertos en seguridad y fuentes judiciales advierten que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una «industrialización de la estafa». Según los informes, las cárceles funcionan hoy como centros de llamadas operativos las 24 horas, donde la falta de inhibidores de señal y la corrupción interna facilitan el ingreso masivo de dispositivos móviles. Este ecosistema permite que los delincuentes mantengan una infraestructura de ciberdelito con impunidad casi absoluta.
El impacto de esta porosidad tecnológica se divide en tres ejes críticos detectados por los especialistas:
- Acoso a las Fuerzas de Seguridad: Los agentes son blancos predilectos debido a la presión adicional que supone el miedo a la deshonra profesional y la pérdida de su rango.
- Comando a distancia: La conectividad permite que los líderes de bandas sigan gestionando operaciones de narcotráfico y sicariato desde sus celdas.
- Uso de billeteras virtuales: La facilidad para manejar cuentas digitales facilita el blanqueo y la recepción inmediata de los pagos por extorsión.
El debate por los inhibidores de señal
La muerte de Gómez ha reavivado el reclamo social y político por una Ley de bloqueo de señales más estricta en los establecimientos penitenciarios. Actualmente, la implementación de tecnología de interferencia enfrenta resistencias técnicas y legales, debido a los posibles efectos sobre las comunicaciones de los residentes en zonas aledañas a los penales y los sistemas de emergencia interna.
Sin embargo, desde los sectores de ciberdelito insisten en que, sin un control biométrico estricto para la compra de tarjetas SIM y una política agresiva de desmantelamiento de la red móvil carcelaria, el sistema penitenciario seguirá fallando en su deber de resguardar a la sociedad. El caso del custodio de Olivos evidencia que la extorsión digital se ha convertido en el arma más silenciosa y letal de la criminalidad moderna en el país.
