En la madrugada , un nuevo vuelo de deportación fletado por el gobierno de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza. A bordo del avión Airbus A320-214 de la compañía GlobalX, llegaron siete ciudadanos argentinos expulsados por el ICE (Immigration and Customs Enforcement), el organismo migratorio norteamericano encargado de ejecutar las políticas antimigratorias bajo la gestión de Donald Trump.
Cuarto operativo de deportación en lo que va del año
Este vuelo se convierte en el cuarto operativo de repatriación forzosa de ciudadanos argentinos desde Estados Unidos en lo que va del año. En todos los casos, el procedimiento se manejó con un fuerte hermetismo y las deportaciones se realizaron en aviones exclusivos fletados por el gobierno estadounidense.
Entre los deportados, se encontraba una mujer que vivía en Florida desde hace 25 años y trabajaba como mesera. Según relató su hermana, antes de ser expulsada estuvo cuatro meses detenida, con escasa posibilidad de comunicarse con su familia.
Deportaciones previas y testimonios
El 11 de septiembre pasado, otro vuelo, esta vez un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, había traído a diez argentinos en similares condiciones. Ese avión también hizo escalas en Bogotá (Colombia) y Belo Horizonte (Brasil) para dejar a otros ciudadanos latinoamericanos deportados.
Uno de los pasajeros de aquel vuelo, Mario Luciano Robles, de 25 años, contó que había sido detenido en Texas luego de cruzar la frontera desde México. “No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el ‘sueño americano’”, dijo. Actualmente está separado de su esposa y su hijo, que permanecen en México.
Casos de ciudadanos con residencia en trámite
Otro caso que generó fuerte repercusión fue el de Maximiliano García, quien había emigrado a Estados Unidos en 2001, tenía un permiso legal de trabajo hasta 2030 y contaba con número de seguro social. Fue detenido el 21 de agosto cuando acudió a la Oficina de Inmigración para ajustar su estatus migratorio, dado que su hija, nacida en Estados Unidos, había cumplido 21 años y podía iniciar una petición familiar para obtenerle la residencia permanente.
Sin embargo, al finalizar el trámite fue apartado por las autoridades, quienes le informaron que tenía una orden de deportación pendiente desde 2015, de la cual aseguró “nunca haber sido notificado”. Permaneció detenido en un centro migratorio en Miami hasta su expulsión.
“Es notable el odio en cuanto al racismo” del actual gobierno, declaró. Y agregó: “A los ojos de ellos, somos criminales”. García fue separado de su esposa y dos hijos, quienes siguen viviendo en Florida. “Están partiendo familias a la mitad”, lamentó.
