En el marco de la finalización del ejercicio fiscal 2025, el Gobierno Nacional ha dispuesto una readecuación de la estructura salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo. A través de un nuevo decreto presidencial, se busca «recomponer» la jerarquía remunerativa de los funcionarios, tras un período de estancamiento que, según fuentes oficiales, afectaba la retención de cuadros técnicos en la administración pública. A pesar de esta medida, la disparidad frente a los haberes percibidos en el Poder Legislativo continúa siendo el eje de la controversia pública.
El esquema del Poder Ejecutivo: congelamiento y actualización
A diferencia de las versiones que circularon en los últimos días, el Presidente de la Nación, Javier Milei, no ha aplicado un incremento sobre sus propios ingresos. «El Presidente no se auto-aumentó el sueldo», confirmaron desde Casa Rosada, ratificando que su remuneración bruta permanece en $4.066.018, manteniéndose congelada por decisión propia. Una situación similar atraviesa la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuyo haber de $3.764.820 depende de la partida de la Secretaría General de la Presidencia.
Sin embargo, el decreto habilita una actualización para la línea de gestión:
Ministros: Percibirán un haber bruto actual de $3.584.006, con un proceso de aumento proyectado de entre el 30% y el 50%.
Secretarios de Estado: Perciben actualmente $3.282.709.
Subsecretarios: El sueldo bruto se ubica en $2.981.510.
El argumento central del Gobierno para esta suba reside en la pérdida de competitividad frente al sector privado, lo cual estaba provocando una sangría de profesionales capacitados en áreas críticas del Estado.
Poder Legislativo: la consolidación de haberes de ocho dígitos
El escenario en el Congreso de la Nación muestra una realidad sensiblemente distinta debido a los mecanismos de actualización automática vinculados a las paritarias de los empleados legislativos. Al cierre de 2025, los Senadores Nacionales se posicionan como los funcionarios mejor remunerados del sistema político argentino.
Con la dieta básica, los gastos de representación y el adicional por desarraigo, un senador percibe un sueldo bruto aproximado de $10.216.000. Asimismo, se confirmó que en enero de 2026 percibirán un adicional equivalente a un aguinaldo extra, derivado de la resolución aprobada por la Cámara Alta meses atrás. Por su parte, los Diputados Nacionales perciben un bruto de aproximadamente $7.000.000, lo que se traduce en un ingreso neto de entre $4.000.000 y $4.500.000 tras los descuentos de ley.
Contexto económico y brecha salarial
La magnitud de los salarios públicos cobra especial relevancia al contrastarse con los indicadores macroeconómicos del país. Para diciembre de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se ubica en $334.800, mientras que el salario promedio nacional se estima en $1.483.000.
Estos datos revelan que la remuneración de un integrante de la Cámara de Senadores equivale a 30 veces el salario mínimo vigente. Esta brecha ha profundizado el debate sobre la equidad distributiva y el costo de la política, en un contexto donde el Poder Ejecutivo intenta dar señales de austeridad manteniendo los sueldos de la cúpula presidencial por debajo de los niveles parlamentarios.
<p>Al cierre de 2025, el Gobierno Nacional oficializó una recomposición salarial para ministros y secretarios con el fin de evitar la fuga de funcionarios al sector privado. Mientras el presidente Javier Milei mantiene su sueldo congelado, los senadores nacionales consolidan ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales, marcando una brecha de 30 veces respecto al salario mínimo vigente.</p>
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Bienvenidos al «Cierre de Ejercicio 2025», ese momento del año donde los argentinos descubrimos que la única meritocracia que funciona a máxima velocidad es la de los que firman sus propios recibos de sueldo. En un país donde el ciudadano promedio necesita tres vidas y un pacto con entidades de dudosa procedencia para llegar a fin de mes, nuestros honorables representantes han decidido que la casta no solo no tiene miedo, sino que además tiene una sed de justicia salarial que solo se sacia con ocho dígitos. Los senadores nacionales, esos titanes de la ética que levantan la mano más rápido que un adolescente pidiendo el Wi-Fi, ya están en los 10 millones de pesos. Básicamente, un senador gana hoy lo mismo que una pequeña pyme, pero con la diferencia de que la pyme produce algo y el senador solo produce resoluciones para otorgarse un aguinaldo extra en enero como regalo de Reyes. Es una «dieta» de 10 palos; si eso es estar a dieta, no me quiero imaginar lo que es un banquete legislativo.
Por otro lado, tenemos la tragedia griega del Poder Ejecutivo. El gabinete está viviendo una crisis existencial: ganar 3,5 millones de pesos brutos se ha vuelto una experiencia de supervivencia extrema comparable a «Náufragos» pero en despachos con aire acondicionado. El decreto de «descongelamiento» llega para que los ministros no huyan despavoridos hacia el sector privado, donde aparentemente les pagan con lingotes de oro por saber usar Excel. Mientras tanto, el Presidente se mantiene congelado en 4 millones, una especie de ascetismo financiero que lo deja cobrando menos que un diputado, convirtiéndolo técnicamente en el pasante mejor vestido de la Casa Rosada. Es una escena conmovedora: Victoria Villarruel preside un recinto donde cualquier senador sentado al fondo cobra casi el triple que ella por el simple hecho de haber nacido en una provincia con fueros. Es el primer caso en la historia donde el que toca la campanita gana menos que los que se duermen en las bancas. Si esto no es un guion escrito por un guionista de sátira con un brote psicótico después de tomar diez cafés dobles, le pega en el palo.
La relación es matemática pura y dolorosa: un senador gana hoy 30 veces más que el salario mínimo. Es decir, para igualar un mes de «esfuerzo» legislativo, un trabajador promedio debería empezar a trabajar en la época de la Revolución de Mayo y jubilarse hoy mismo. Pero no se preocupen, que en enero llega el plus del aguinaldo extra aprobado a mano alzada, porque nada dice «austeridad» como inventarse un sueldo número 13 mientras el resto del país cuenta las monedas para el colectivo. El sistema está tan distorsionado que, si seguimos así, para el 2026 los recibos de sueldo del Congreso van a tener que imprimirse en papel de oro para que el valor intrínseco del documento coincida con la cifra que ostenta. Es el Gran Hermano de la política: cada semana alguien se nomina para un aumento y el público siempre pierde.
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