El Poder Ejecutivo Nacional procedió este miércoles a la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793), una normativa que se encontraba en un limbo administrativo desde su sanción legislativa en julio de 2025. La oficialización, publicada bajo el Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial, establece el marco operativo para políticas públicas, prestaciones y el sistema de pensiones hasta el 31 de diciembre de 2026.
El trasfondo judicial y la presión de los tribunales
La activación de la norma no fue una iniciativa directa del Ejecutivo, sino la consecuencia de una sentencia judicial firme. El Gobierno había condicionado la ejecución de la ley a la disponibilidad de recursos, una postura que fue invalidada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El magistrado determinó que la falta de presupuesto no es argumento suficiente para postergar derechos constitucionales y ordenó la “inmediata puesta en marcha” de la ley.
A pesar de que el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, apeló inicialmente el fallo y alegó dificultades técnicas para una aplicación instantánea, la Justicia habilitó la feria judicial para monitorear el cumplimiento de la orden. Esto obligó a la administración central a formalizar los pasos administrativos necesarios para que la ley deje de ser una declaración de intenciones y pase a tener vigencia práctica.
Reforma en el sistema de pensiones y auditorías
Uno de los puntos centrales del decreto reglamentario es la creación del nuevo régimen de pensiones no contributivas. A partir de ahora, todas las prestaciones otorgadas previamente serán convertidas de oficio en la denominada Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este proceso incluirá una fase de identificación y verificación exhaustiva de los beneficiarios para garantizar la transparencia del sistema.
La normativa también establece cambios en la estructura de control:
- La Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud, será el organismo rector.
- Se instruye la convocatoria al Consejo Federal de Discapacidad para unificar criterios de evaluación socioeconómica en todo el territorio nacional.
- El Ejecutivo dispone de un plazo de 30 días para presentar un plan detallado de auditorías periódicas.
Además, el decreto contempla mecanismos para la actualización de aranceles de las prestaciones, un reclamo histórico del sector prestador que ha denunciado sistemáticamente el desfasaje de los montos frente a la inflación, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para miles de ciudadanos.
<p>El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026. La medida, que entrará en vigencia hasta diciembre de 2026, establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas y mecanismos de auditoría. La formalización se produjo tras una sentencia judicial que ordenó al Estado la aplicación efectiva de la norma, previamente suspendida por falta de partidas presupuestarias.</p>
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En un giro del destino que solo la burocracia argentina puede ofrecer, el Gobierno nacional finalmente reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, y no precisamente por un súbito rapto de sensibilidad social, sino porque un juez les puso la firma en el escritorio con la sutileza de un martillazo. El Decreto 84/2026 apareció en el Boletín Oficial como ese invitado que llega tarde a la fiesta porque se quedó esperando que «apareciera la plata en la billetera», una excusa que el Ejecutivo sostuvo con uñas y dientes hasta que la Justicia de Campana decidió que el presupuesto no es un comodín para ignorar la Constitución. Es fascinante observar cómo la «inmediata puesta en marcha» judicial se traduce en el lenguaje oficial como un trámite que, curiosamente, tomó todo enero y parte de febrero en materializarse.
La reglamentación trae consigo la creación de la «Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social», un nombre lo suficientemente largo como para que cualquier beneficiario se olvide de qué está reclamando a mitad de la frase. El Estado, en su infinita vocación de control, ha decidido convertir de oficio las pensiones viejas en las nuevas, un proceso que promete ser tan fluido como un embotellamiento en la Avenida Libertador a las seis de la tarde. Por supuesto, no faltarán las auditorías y los controles socioeconómicos, porque si hay algo que le gusta a nuestra administración es sospechar preventivamente de quien necesita una prestación, mientras los plazos de 30 días para presentar planes de gestión corren con la parsimonia de un feriado administrativo.
Lo más pintoresco de esta crónica es la figura del Ministerio de Salud, ahora convertido en el gran tutor de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Bajo la conducción de Mario Lugones, la cartera deberá explicar cómo hará para que los aranceles dejen de ser una expresión de deseo y se conviertan en algo que los prestadores puedan cobrar antes de que la inflación convierta los montos en cambio para el colectivo. Mientras tanto, la ley tiene fecha de vencimiento a fin de año, lo que nos deja con la reconfortante sensación de que en Argentina la «emergencia» es el estado natural de las cosas y la reglamentación, un trámite que solo se hace cuando el oficial de justicia ya está tocando el timbre de la Casa Rosada con la orden de embargo en la mano.
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