A partir del próximo 1 de enero de 2026, la ciudad de San Miguel de Tucumán iniciará una nueva etapa en su política de gestión de residuos. Tras un extenso proceso de deliberación parlamentaria y sucesivas prórrogas, entrará en vigencia la prohibición total de entrega y venta de bolsas plásticas de un solo uso en todos los establecimientos comerciales de la capital provincial, marcando un hito en la legislación ambiental de la región.
Alcance y rigurosidad de la Ordenanza 5361
La normativa, aprobada originalmente por el Concejo Deliberante en 2024, establece la eliminación definitiva de las bolsas de polietileno y otros materiales plásticos convencionales destinados al acarreo de mercaderías. Un punto fundamental de la Ordenanza Nº 5361 es que es más estricta que sus predecesoras, ya que no contempla excepciones por «biodegradabilidad». Las autoridades locales fundamentaron esta decisión en la dificultad técnica de verificar la composición real de dichos productos y en que su impacto sigue siendo persistente en los sistemas de desagüe urbanos.
La medida afectará de manera directa a supermercados, hipermercados, centros comerciales (shoppings) y comercios minoristas de cercanía. Quedan exceptuadas únicamente aquellas bolsas utilizadas por razones de higiene para envolver alimentos húmedos o frescos, como carnes y verduras, para garantizar la seguridad sanitaria de los consumidores.
Fundamentos ambientales y sistema de sanciones
El impulsor de la medida, el concejal Emiliano Vargas Aignasse, junto con la Secretaría de Ambiente municipal, destacaron tres ejes críticos para la implementación inmediata. En primer lugar, la infraestructura: los residuos plásticos son la causa principal de obstrucción en los desagües pluviales, lo que agrava las inundaciones recurrentes durante la temporada estival en la capital. Asimismo, se busca frenar la contaminación hídrica y reducir la generación de microplásticos que afectan la salud pública.
Para garantizar el cumplimiento, la normativa establece un esquema de sanciones severas. Las multas estimadas oscilan entre los $500.000 y los $800.000 pesos, montos que estarán sujetos a actualizaciones periódicas. En casos de reincidencia, la ley contempla la clausura preventiva del local comercial por un período de entre 3 y 30 días.
Reacciones del sector industrial y alternativas
La implementación no ha estado exenta de controversia. Representantes de la Unión Industrial de Tucumán han manifestado su preocupación por el riesgo de pérdida de puestos de trabajo en las fábricas locales de plásticos. «El problema no es el material, sino la gestión del residuo. Prohibir es el camino más corto, pero no necesariamente el más eficiente sin una política de reciclado real», sostuvieron desde las cámaras del sector.
Ante la transición, el municipio ha intensificado los programas de «Ecocanje», incentivando a los vecinos a intercambiar materiales reciclables por bolsas de tela reutilizables o de friselina. Se recomienda a los consumidores adoptar el uso de bolsas plegables, cajas de cartón o los tradicionales carros de compra («changuitos») para evitar inconvenientes en el punto de venta a partir del inicio del nuevo año.
<p>A partir del 1 de enero de 2026, San Miguel de Tucumán implementará la prohibición definitiva de entrega y venta de bolsas plásticas de un solo uso, según la Ordenanza 5361. La normativa, que elimina incluso las opciones «biodegradables», busca prevenir la obstrucción de desagües pluviales y reducir la contaminación hídrica, estableciendo sanciones económicas de hasta 800.000 pesos para los comercios infractores.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Bienvenidos a San Miguel de Tucumán, el «Jardín de la República» que durante décadas decidió que la mejor forma de abonar sus suelos era sembrando bolsas de polietileno en cada rincón disponible. Pero todo tiene un final, y el 2026 arranca con una purga ambiental que promete transformar las cajas de los supermercados en un escenario de confusión digno de una película de realismo mágico. A partir del primer día del año, entrar a un comercio sin tu propia bolsa de tela será considerado un acto de optimismo suicida, o una invitación formal a salir del local haciendo malabares con tres leches, un paquete de fideos y el pudor bajo el brazo, mientras los cajeros te miran con la misma calidez con la que un juez de instrucción mira a un sospechoso de evasión fiscal.
La Ordenanza 5361 es el hachazo final a ese festival del plástico que nos permitía usar una bolsa durante exactamente quince minutos para luego condenarla a decorar el fondo del río Salí por los próximos cuatro siglos. El Concejo Deliberante, en un arranque de lucidez técnica, decidió que ya no hay lugar para las bolsas «biodegradables», esos inventos del marketing que prometían desaparecer por arte de magia pero tenían la misma resistencia a la desintegración que la burocracia estatal argentina. Ahora, si el material no es tela, papel o el noble mimbre del changuito de la abuela, simplemente no pasa. El concejal Emiliano Vargas Aignasse y la Secretaría de Ambiente se cansaron de ver cómo los desagües pluviales se tapaban con restos de nylon, convirtiendo cada tormenta de verano en una recreación gratuita de «La Tormenta Perfecta» en plena Avenida Mate de Luna.
Por supuesto, el bolsillo será el principal órgano afectado en esta transición ecológica. Con multas que pueden escalar hasta los 800.000 pesos, es muy probable que los comerciantes prefieran regalarte la mercadería antes que entregarte una bolsa prohibida. Mientras la Unión Industrial de Tucumán advierte que esta medida es «el camino corto» —posiblemente porque el camino largo implicaba educarnos a todos, una tarea que ni la UNESCO se anima a tomar—, el municipio refuerza sus «Ecocanjes». Es una suerte de trueque moderno donde entregás tus residuos y te dan una bolsa de friselina, el nuevo símbolo de estatus social en la capital tucumana. Así que ya saben, ciudadanos: a partir de enero, el que no tiene memoria para llevar su propia bolsa, tendrá que desarrollar músculos de acero para cargar las compras a mano. Bienvenidos al futuro: es verde, es sustentable y, sobre todo, es muy incómodo si te olvidaste el bolso en el baúl del auto.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
A partir del próximo 1 de enero de 2026, la ciudad de San Miguel de Tucumán iniciará una nueva etapa en su política de gestión de residuos. Tras un extenso proceso de deliberación parlamentaria y sucesivas prórrogas, entrará en vigencia la prohibición total de entrega y venta de bolsas plásticas de un solo uso en todos los establecimientos comerciales de la capital provincial, marcando un hito en la legislación ambiental de la región.
Alcance y rigurosidad de la Ordenanza 5361
La normativa, aprobada originalmente por el Concejo Deliberante en 2024, establece la eliminación definitiva de las bolsas de polietileno y otros materiales plásticos convencionales destinados al acarreo de mercaderías. Un punto fundamental de la Ordenanza Nº 5361 es que es más estricta que sus predecesoras, ya que no contempla excepciones por «biodegradabilidad». Las autoridades locales fundamentaron esta decisión en la dificultad técnica de verificar la composición real de dichos productos y en que su impacto sigue siendo persistente en los sistemas de desagüe urbanos.
La medida afectará de manera directa a supermercados, hipermercados, centros comerciales (shoppings) y comercios minoristas de cercanía. Quedan exceptuadas únicamente aquellas bolsas utilizadas por razones de higiene para envolver alimentos húmedos o frescos, como carnes y verduras, para garantizar la seguridad sanitaria de los consumidores.
Fundamentos ambientales y sistema de sanciones
El impulsor de la medida, el concejal Emiliano Vargas Aignasse, junto con la Secretaría de Ambiente municipal, destacaron tres ejes críticos para la implementación inmediata. En primer lugar, la infraestructura: los residuos plásticos son la causa principal de obstrucción en los desagües pluviales, lo que agrava las inundaciones recurrentes durante la temporada estival en la capital. Asimismo, se busca frenar la contaminación hídrica y reducir la generación de microplásticos que afectan la salud pública.
Para garantizar el cumplimiento, la normativa establece un esquema de sanciones severas. Las multas estimadas oscilan entre los $500.000 y los $800.000 pesos, montos que estarán sujetos a actualizaciones periódicas. En casos de reincidencia, la ley contempla la clausura preventiva del local comercial por un período de entre 3 y 30 días.
Reacciones del sector industrial y alternativas
La implementación no ha estado exenta de controversia. Representantes de la Unión Industrial de Tucumán han manifestado su preocupación por el riesgo de pérdida de puestos de trabajo en las fábricas locales de plásticos. «El problema no es el material, sino la gestión del residuo. Prohibir es el camino más corto, pero no necesariamente el más eficiente sin una política de reciclado real», sostuvieron desde las cámaras del sector.
Ante la transición, el municipio ha intensificado los programas de «Ecocanje», incentivando a los vecinos a intercambiar materiales reciclables por bolsas de tela reutilizables o de friselina. Se recomienda a los consumidores adoptar el uso de bolsas plegables, cajas de cartón o los tradicionales carros de compra («changuitos») para evitar inconvenientes en el punto de venta a partir del inicio del nuevo año.
Bienvenidos a San Miguel de Tucumán, el «Jardín de la República» que durante décadas decidió que la mejor forma de abonar sus suelos era sembrando bolsas de polietileno en cada rincón disponible. Pero todo tiene un final, y el 2026 arranca con una purga ambiental que promete transformar las cajas de los supermercados en un escenario de confusión digno de una película de realismo mágico. A partir del primer día del año, entrar a un comercio sin tu propia bolsa de tela será considerado un acto de optimismo suicida, o una invitación formal a salir del local haciendo malabares con tres leches, un paquete de fideos y el pudor bajo el brazo, mientras los cajeros te miran con la misma calidez con la que un juez de instrucción mira a un sospechoso de evasión fiscal.
La Ordenanza 5361 es el hachazo final a ese festival del plástico que nos permitía usar una bolsa durante exactamente quince minutos para luego condenarla a decorar el fondo del río Salí por los próximos cuatro siglos. El Concejo Deliberante, en un arranque de lucidez técnica, decidió que ya no hay lugar para las bolsas «biodegradables», esos inventos del marketing que prometían desaparecer por arte de magia pero tenían la misma resistencia a la desintegración que la burocracia estatal argentina. Ahora, si el material no es tela, papel o el noble mimbre del changuito de la abuela, simplemente no pasa. El concejal Emiliano Vargas Aignasse y la Secretaría de Ambiente se cansaron de ver cómo los desagües pluviales se tapaban con restos de nylon, convirtiendo cada tormenta de verano en una recreación gratuita de «La Tormenta Perfecta» en plena Avenida Mate de Luna.
Por supuesto, el bolsillo será el principal órgano afectado en esta transición ecológica. Con multas que pueden escalar hasta los 800.000 pesos, es muy probable que los comerciantes prefieran regalarte la mercadería antes que entregarte una bolsa prohibida. Mientras la Unión Industrial de Tucumán advierte que esta medida es «el camino corto» —posiblemente porque el camino largo implicaba educarnos a todos, una tarea que ni la UNESCO se anima a tomar—, el municipio refuerza sus «Ecocanjes». Es una suerte de trueque moderno donde entregás tus residuos y te dan una bolsa de friselina, el nuevo símbolo de estatus social en la capital tucumana. Así que ya saben, ciudadanos: a partir de enero, el que no tiene memoria para llevar su propia bolsa, tendrá que desarrollar músculos de acero para cargar las compras a mano. Bienvenidos al futuro: es verde, es sustentable y, sobre todo, es muy incómodo si te olvidaste el bolso en el baúl del auto.