La salida de Marco Lavagna de la titularidad del INDEC ha provocado un fuerte cimbronazo en el arco económico y político nacional. La renuncia se produce en un contexto de sospechas generalizadas sobre presiones del Ministerio de Economía para postergar la actualización de la canasta de consumo, herramienta fundamental para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que dicha actualización recién se implementará cuando la inflación alcance el nivel de cero por ciento.
Esta decisión implica un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los operadores de mercado, quienes esperaban que en enero de este año se ajustara la ponderación de los consumos familiares. La actualización es técnica y políticamente relevante, dado que el esquema actual subestima el peso de los servicios en el presupuesto de los hogares, un rubro que ha crecido significativamente tras la quita de subsidios y el sinceramiento tarifario llevado adelante por la gestión actual.
El impacto en los números reales
Aunque el ministro Luis Caputo intentó minimizar el impacto de la actualización metodológica, los datos del último año sugieren una realidad distinta. Durante 2025, mientras el precio de los bienes rondó el 25%, la suba de las tarifas de servicios superó el 40%.
Bajo la canasta «tradicional», el IPC cerró en un 31,5%, pero especialistas advierten que si se duplicara el peso de los servicios —como exige la nueva metodología basada en hábitos de consumo actuales— la inflación anual real se habría ubicado cerca del 35%. Esta brecha representa el encarecimiento efectivo que debieron afrontar los salarios para no perder poder adquisitivo frente al costo de vida de bolsillo.
Crisis de credibilidad y comparaciones inevitables
La negativa a transparentar el nuevo índice ha generado críticas incluso en sectores afines al oficialismo. El economista Fausto Spotorno sugirió públicamente la difusión de ambos indicadores (el anterior y el actualizado) para evitar la sensación de ocultamiento. La persistencia en mantener el índice desactualizado despierta comparaciones con la intervención del organismo durante el kirchnerismo, una etapa que terminó deslegitimando las estadísticas argentinas ante el mundo.
Expertos señalan que el daño a la credibilidad del programa económico podría ser severo. La confianza de los actores locales e internacionales depende de la transparencia técnica; alterar o demorar la actualización de los índices para favorecer la narrativa oficial pone en riesgo la construcción de esa certidumbre necesaria para el éxito de las reformas estructurales en curso.
Indicador (2025) Cifra Oficial (IPC Viejo) Cifra Estimada (Canasta Nueva) Inflación Anual 31,5% ~ 35,0% Suba de Bienes 25,0% 25,0% Suba de Tarifas/Servicios 40,0% 40,0%
