La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, rechazó el pedido de los fondos demandantes en el caso “Aurelius” (más conocido como el litigio del Cupón PBI) para revisar el fallo que había favorecido a la Argentina. La decisión judicial ratifica una resolución dictada por la jueza Loretta Preska en julio de 2024.
Con esta resolución, el país evita el pago de una potencial obligación estimada en 500 millones de dólares, lo que representa un alivio fiscal en medio de un escenario financiero complejo.
Un fallo con impacto económico y político
El caso gira en torno a los bonos atados al Producto Bruto Interno (PBI), emitidos durante el canje de deuda de 2005. Estos instrumentos preveían pagos adicionales si la economía argentina superaba un crecimiento anual del 3%. En 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó la base de cálculo del INDEC, reduciendo el crecimiento de 2013 al 3,2%, por debajo del 3,3% necesario para activar los pagos.
Ese ajuste evitó el desembolso de más de 3.600 millones de dólares y generó litigios en Londres y Nueva York. En Europa, los demandantes lograron un fallo favorable en 2023. En Estados Unidos, en cambio, la posición argentina volvió a prevalecer.
Preska, del caso YPF a un fallo favorable
La jueza Loretta Preska, conocida en la Argentina por haber fallado en contra del país en el caso por la expropiación de YPF, en esta oportunidad respaldó los argumentos del Estado nacional. Según el fallo, los fondos no cumplieron con la cláusula de “no acción” incluida en los contratos, condición indispensable para iniciar la demanda.
“La resolución constituye la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina”, destacó la Procuración del Tesoro en un comunicado, donde subrayó que el fallo impide una obligación de pago millonaria.
Contexto delicado y efecto limitado
El fallo se conoce en un contexto de fuerte presión sobre los mercados y tensiones internas para el oficialismo. El Gobierno enfrenta cuestionamientos por el caso $Libra, la crisis del fentanilo contaminado que dejó cerca de 100 muertos, y el escándalo que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Aunque el impacto financiero inmediato es limitado, el alivio judicial representa un respaldo a la estrategia de defensa legal del Estado. “La Procuración del Tesoro reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses de la Nación y los ciudadanos”, señalaron fuentes oficiales.
Por el momento, la Argentina logra esquivar una nueva carga judicial en Nueva York. Sin embargo, los procesos en Europa siguen abiertos y podrían volver a encender las alarmas.
