El vínculo financiero entre la República Argentina y los Estados Unidos ha ingresado en una fase de escrutinio institucional que amenaza con ralentizar el flujo de capitales frescos esperado para este ejercicio. A pesar del alineamiento ideológico de la administración de Javier Milei con los intereses de Washington, el inicio de 2026 presenta desafíos estructurales derivados de la resistencia del Congreso estadounidense y las exigencias de transparencia sobre los mecanismos de financiamiento utilizados por el Tesoro.
El cuestionamiento al Fondo de Estabilización
La controversia principal se centra en el uso del Exchange Stabilization Fund (ESF). Este instrumento, que otorga al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, una discrecionalidad inusual, ha sido el vehículo para un swap de 20.000 millones de dólares anunciado a finales del año pasado. No obstante, el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) emitió un informe advirtiendo que la operación podría representar un «riesgo injustificado». Los legisladores norteamericanos denuncian una marcada opacidad en las condiciones del acuerdo, desconociéndose hasta el momento las garantías ofrecidas por el Estado argentino y los condicionamientos geopolíticos subyacentes.
A esta presión política se suma el lobby de los sectores agrarios estadounidenses. Los exportadores de soja y carne de ese país perciben el auxilio financiero a la Argentina como un subsidio indirecto a un competidor que ha recuperado competitividad global tras las reformas estructurales vigentes. Esta tensión interna en el Capitolio sugiere que el apoyo de la administración estadounidense no será, bajo ningún concepto, un cheque en blanco.
El vencimiento de enero y el factor chino
La urgencia financiera se manifiesta en el denominado «Muro de Enero», un compromiso de pago de 4.200 millones de dólares que el país debe afrontar de manera inminente. A pesar de la notable reducción del Riesgo País, entidades de primera línea como J.P. Morgan, Citi y Bank of America han enfriado las expectativas de un rescate masivo, limitando su participación a líneas de crédito de corto plazo y menor envergadura. Los analistas de Wall Street coinciden en que el mercado exige la ratificación del presupuesto 2026 y resultados fiscales inobjetables antes de comprometer capitales a largo plazo.
En el plano diplomático, la condición impuesta por el Departamento de Estado resulta determinante: Argentina debe iniciar el desmantelamiento del swap con China, estimado en 18.000 millones de dólares. «El gesto político de Washington es fuerte, pero los mercados exigen ver el presupuesto de 2026 cumpliéndose a rajatabla antes de desembolsar capitales frescos de largo plazo», sostienen fuentes del sector financiero. Esta exigencia coloca al Banco Central en una posición vulnerable, dado que la cancelación del vínculo con Beijing comprometería severamente el nivel de reservas brutas.
Finalmente, la falta de precisiones sobre estos acuerdos ha tenido repercusiones en el ámbito local. La oposición en el Congreso de la Nación ha recurrido al artículo 71 de la Constitución Nacional para interpelar al Ministro de Economía, solicitando detalles exhaustivos sobre los compromisos asumidos con el Tesoro de los Estados Unidos. La resolución de esta encrucijada entre la transparencia exigida por Washington y la dependencia financiera de Beijing definirá la solvencia de la Argentina frente al riesgo de default en el transcurso del año.
