En un intento por acelerar la captación de divisas tras la aprobación legislativa del último viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, instruyó la puesta en marcha operativa del sistema de depósitos vinculados a la Ley de Inocencia Fiscal. La medida, comunicada de urgencia durante la jornada del domingo a través de circulares internas, busca que los contribuyentes comiencen a formalizar sus ahorros en dólares desde este lunes, priorizando la red de la banca pública nacional.
Sin embargo, el inicio de la operatoria se vio empañado por un vacío administrativo crítico: la ley, aprobada recientemente por el Senado, no ha sido promulgada ni su reglamentación publicada en el Boletín Oficial. Esta falta de sustento legal generó un clima de incertidumbre en las sucursales bancarias que iniciaron su atención al público a las 8 de la mañana, evidenciando una desconexión entre la urgencia del Palacio de Hacienda y los tiempos burocráticos del Estado.
Tensión entre el Gobierno y las entidades privadas
La implementación de la Inocencia Fiscal ha profundizado el conflicto entre el Poder Ejecutivo y las instituciones financieras privadas. El ministro Caputo ha cuestionado públicamente a los bancos por la rigurosidad en los pedidos de documentación para acreditar el origen de los fondos, calificando estas exigencias como obstáculos para la reactivación económica. Desde el sector bancario, la respuesta fue tajante: “Los bancos cumplen normas, no tweets”, señalaron fuentes del sector, subrayando que las entidades deben responder ante los reguladores estatales, el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Desde la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) optaron por el silencio, mientras que Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), intentó mediar con una visión más institucional. Bolzico afirmó que la ley es una herramienta que promueve la formalización del ahorro y que “es positivo para la intermediación financiera y el crecimiento del crédito”, remarcando que cualquier medida que favorezca la formalización es bienvenida.
El contexto económico y la urgencia de divisas
La premura de Caputo responde a la necesidad de revertir la tendencia recesiva de los últimos meses. Al presentar el proyecto en mayo de 2025, el funcionario aseguró que esta normativa era la condición necesaria para sostener un crecimiento del 6%. No obstante, el «apretón monetario» implementado antes de los comicios y la suba de tasas de interés derivaron en una caída de la actividad económica del 0,3% en octubre.
A pesar de la voluntad política de eliminar las trabas burocráticas para los depositantes, las entidades privadas sostienen que los bancos no pueden ignorar las normativas vigentes sobre prevención de lavado de activos sin un marco legal sólido que los proteja. “Los bancos no ‘rompen las p…’, cumplen normativas de sus reguladores del Estado. Tan simple como eso”, sentenció un alto directivo de la banca privada, dejando en claro que la operatividad plena del sistema dependerá de la letra chica que aún no ha visto la luz en el Boletín Oficial.
