El conflicto judicial internacional por el control accionario de YPF sumó nuevos protagonistas. Fondos de inversión como Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee solicitaron a la jueza estadounidense Loretta Preska autorización para tomar posesión de parte del 51% de las acciones de la petrolera que hoy mantiene el Estado argentino.
Estos fondos no participaron en el juicio por la expropiación de YPF, que resultó en un fallo millonario a favor de Petersen/Eton y Bainbridge, pero sí cuentan con sentencias previas favorables en causas vinculadas a deuda soberana en default. En sus presentaciones, alegan que sus fallos son anteriores y, por lo tanto, reclaman prioridad en el cobro respecto de los beneficiarios por la expropiación.
La figura del “me too” judicial
Los nuevos reclamos se amparan en una figura conocida en tribunales estadounidenses como “me too”, que permite extender a otros demandantes los efectos de un fallo previo. En este caso, buscan que la jueza replique la orden de entrega de acciones de YPF dictada en favor de Petersen y Bainbridge.
En sus argumentaciones, los acreedores afirman que el Estado argentino aún no cumplió con sus obligaciones legales, por lo que corresponde ejecutar los activos disponibles —entre ellos, las acciones estatales de la petrolera— para satisfacer los montos adeudados. Sostienen que, según el derecho internacional y la legislación estadounidense, tienen derecho a cobrar mediante esos bienes.
El Gobierno busca frenar la ejecución
En paralelo, el Gobierno argentino pidió formalmente la suspensión de la sentencia de Preska que ordenaba entregar el paquete mayoritario de YPF. Aduce que el fallo “es jurídicamente inaplicable” y que la implementación sería inviable tanto desde lo legal como desde lo práctico.
El nuevo planteo judicial abre un frente adicional en el ya complejo entramado legal por la expropiación de la petrolera. Además, introduce un debate sobre la prelación de cobro entre acreedores con sentencias de distinto origen y antigüedad. La jueza Preska deberá decidir si los nuevos demandantes pueden participar en la ejecución y bajo qué condiciones, en un proceso que podría redefinir el control futuro de la empresa más estratégica del país.
