El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano, evalúa un paquete de reformas que impactarían fuertemente en el sistema tributario y el mercado laboral argentino. Los ejes centrales de la propuesta apuntan a la formalización de la economía el impulso del mercado de capitales y la sostenibilidad previsional.
El fin del régimen simplificado y la transición al de autónomos
Una de las medidas más resonantes es la posible eliminación del régimen de Monotributo, que actualmente abarca cerca de tres millones de contribuyentes. :Bajo la propuesta, esos contribuyentes migrarían al régimen general de autónomos, en un intento por “blanquear” y simplificar la tributación del sector.
En el esquema de autónomos, se plantean varias modificaciones: ajuste de las cuotas (pasando de un rango aproximado de $50.000‑$700.000 a uno de $100.000 a $500.000) y la posibilidad de deducir gastos personales con comprobantes. Asimismo, en materia de IVA se prevé establecer un umbral mínimo equivalente al de la Categoría F del Monotributo (alrededor de $3 millones mensuales de facturación).
Impuesto a las ganancias: nuevo piso y deducciones ajustadas
En lo que respecta al Impuesto a las Ganancias, la reforma busca establecer un Mínimo No Imponible (MNI) único, proyectado para 2025 en torno a un salario promedio de $1,7 millones. Para un trabajador soltero sin hijos, se estimaría que el pago del impuesto comenzaría a partir de un salario bruto cercano a $2,84 millones (aproximadamente $2,36 millones netos). } Además, se mantendría la escala de alícuotas del 5 % al 35 % y se ajustaría el tope máximo de deducciones a $5 millones —incluyendo gastos en alimentación, vivienda, educación, seguros de vida y retiro, salud y movilidad— todos con comprobantes. Los aportes obligatorios (PAMI, obra social y ANSES) continuarían sin límite de deducción. Se estima que este rediseño podría incorporar a unas 3 millones de personas que hasta ahora no estaban obligadas a presentar facturas para validar sus deducciones.
Incentivos para el empleo formal: rebaja de cargas sociales
La propuesta también contempla un nuevo régimen de empleo enfocado en reducir el costo de la formalidad y ampliar la base de aportantes. Se plantea una disminución de las contribuciones patronales del 25,5 % al 17 % y de los aportes personales del 17 % al 13 %, para empresas que incorporen nuevos empleados, ex‑monotributistas o personas con más de seis meses de desempleo. Asimismo, se estudia la implementación de un “blanqueo a costo cero” para empleadores, que facilitaría la transición de trabajadores informales a la formalidad sin costos adicionales.
El paquete de reformas —que se desarrolla en el Ministerio de Capital Humano— podría ser presentado en las sesiones extraordinarias del Congreso. Si bien se analizan otras flexibilizaciones, como el salario dinámico y modificaciones en las jornadas laborales, fuentes oficiales han descartado la inclusión de un tope a las indemnizaciones por despido.
Las negociaciones continúan en ámbitos privados y gubernamentales, y aunque los detalles definitivos aún no han sido publicados de forma oficial, lo cierto es que estas medidas acarrean un impacto significativo tanto para trabajadores como para pequeñas empresas.
¿Qué está en juego?
Para los monotributistas, el cambio implica mayor formalidad y, con ello, mayores exigencias tributarias, lo que genera preocupación en distintos sectores independientes y profesionales. En tanto, para las empresas, la reducción de cargas sociales aparece como una ventana —aunque condicionada— hacia la formalización laboral.
El desafío para el Gobierno será equilibrar dos tensiones: por un lado, aumentar la recaudación y ampliar la base contributiva; por otro, evitar que la carga tributaria y administrativa termine oyéndose como un golpe en los medios de vida de los trabajadores independientes y emprendedores.
