En el marco del extenso juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska, del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar mensajes oficiales y personales de los exministros de Economía Sergio Massa y Luis Caputo. La medida forma parte del proceso de “discovery”, un capítulo clave en el intento del fondo Burford Capital por demostrar el “alter ego” entre la petrolera y el Estado nacional.
¿Qué significa “alter ego” y por qué es clave?
El objetivo de Burford Capital, el fondo que compró los derechos del litigio, es probar que YPF y la República Argentina son indistinguibles en su accionar. Si la jueza acepta esa teoría, los demandantes podrían embargar activos de la empresa o del Estado para cobrar la sentencia de más de USD 17.500 millones, producto de una condena en primera instancia por la expropiación de 2012.
Como parte de este proceso, Preska solicitó emails, mensajes personales, comunicaciones de WhatsApp y otros servicios de mensajería, no solo de Caputo y Massa, sino también de otros posibles funcionarios y organismos como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Enarsa.
La respuesta del Gobierno argentino
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron de plano la medida: “La orden de discovery viola las leyes de Estados Unidos y de Argentina, vulnera la soberanía nacional y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables”. Además, remarcaron que ya entregaron más de 100.000 documentos en el marco del proceso judicial.
Señalan que el pedido es parte de una estrategia de hostigamiento por parte de Burford, cuyo CEO admitió ante inversores que utilizan el proceso judicial como herramienta para presionar económicamente a la Argentina.
Mensajes, celulares y sospechas
Fuentes cercanas a la causa afirmaron que no se solicita información de índole personal, sino comunicaciones vinculadas a palabras clave como “YPF”. En redes sociales, el analista Sebastián Maril ironizó: “¿Funcionarios y exfuncionarios ya tiraron los iPhones al Río de la Plata?”.
El Estado, por su parte, estudia apelar esta orden sin precedentes y mantiene su postura de no negociar. “No se va a negociar, de ninguna manera. Vamos a agotar cada una de las instancias judiciales”, afirmaron desde la Casa Rosada.
Burford y su estrategia
Burford Capital, que se define como un litigation funder (fondo de financiamiento judicial), actúa en este caso como principal beneficiario de la causa. Compró los derechos de litigio a empresas en quiebra y ahora busca cobrar con activos argentinos, tanto estatales como empresariales.
En paralelo a la apelación por el fallo central, continúan varios pedidos en el tribunal original, como la entrega de acciones o bonos. En ese contexto, la presión para obtener comunicaciones privadas se enmarca en una estrategia de desgaste y búsqueda de argumentos legales para avanzar en embargos.
