Mediante el Decreto 449/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera (Ley 24.196) y la normativa que regula el Banco Nacional de Información Geológica (Ley 24.466). La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, tiene como objetivo agilizar trámites, reasignar competencias y reforzar controles, en línea con lo establecido por la Ley Bases.
Cambios clave en el régimen minero
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la reasignación de la administración del Banco Nacional de Información Geológica, que deja de estar a cargo de la Secretaría de Minería y pasa al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta modificación busca evitar superposiciones de tareas y aprovechar la capacidad técnica del SEGEMAR.
Además, se modificaron los requisitos para acceder al certificado de estabilidad fiscal. A partir de ahora, bastará con indicar la fecha de presentación del estudio de factibilidad del proyecto minero. El decreto señala que detallar la carga tributaria vigente en cada jurisdicción “resulta innecesario”.
Fortalecimiento de controles técnicos
El nuevo artículo 18 de la Ley 24.196 establece que los beneficiarios del régimen deberán presentar anualmente, junto con su declaración jurada, un informe técnico evaluador elaborado por un profesional independiente. La medida apunta a mejorar la calidad de la información y facilitar la evaluación por parte de la autoridad de aplicación.
Asimismo, el artículo 26 determina que la Secretaría de Minería realizará los controles sobre la base de la información anual declarada, sin solicitar datos adicionales a otras jurisdicciones, reduciendo así la carga administrativa para las empresas.
Un paso hacia la desregulación
El decreto se enmarca en la Ley 27.742 (Ley Bases), que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, y habilitó al Poder Ejecutivo a reorganizar el Estado. En esa línea, el texto señala que el objetivo es “maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública”, eliminando funciones redundantes o de escaso aporte al interés general.
Las reformas impactan directamente sobre las empresas mineras inscriptas en el régimen de inversiones, que deberán adecuar sus procedimientos internos y adaptarse a los nuevos requisitos para la presentación de informes y la obtención de beneficios fiscales.
En un contexto de creciente demanda global de minerales estratégicos como el cobre, el oro y el litio, el Gobierno busca posicionar a Argentina como un actor competitivo y confiable en el mercado internacional, promoviendo un entorno normativo más ágil y orientado a la atracción de capitales.
