El triunfo legislativo del partido liderado por el presidente Javier Milei no solo reconfigura el escenario político general, sino que impacta directamente en el rumbo del sector energético nacional. Con un Congreso más afín, el oficialismo logra el respaldo necesario para impulsar una serie de transformaciones que ya estaban delineadas en su hoja de ruta.
Privatización de Nucleoeléctrica y fin de subsidios
Uno de los ejes centrales que se proyecta con mayor impulso es la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que administra las centrales nucleares. Esta medida, que ya formaba parte del plan energético del Gobierno, se encamina a tomar forma concreta con el nuevo respaldo legislativo.
Paralelamente, el oficialismo busca profundizar la reducción de subsidios al consumo energético, tanto en electricidad como en gas natural, lo que derivará en un aumento progresivo de las tarifas para los usuarios. Este ajuste está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2026, donde se espera otro recorte significativo del gasto público en subsidios energéticos.
Inversiones extranjeras y dudas regulatorias
Desde las casas matrices de las principales petroleras extranjeras con presencia en el país, el foco de atención no está puesto exclusivamente en la cotización del dólar o la inflación, sino en la estabilidad normativa. Si bien el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se encuentra en vigencia, los antecedentes locales en materia de marchas y contramarchas legislativas generan cierta cautela.
En este sentido, la volatilidad política e institucional continúa siendo una barrera para grandes proyectos, como el desarrollo de la cadena de GNL (gas natural licuado), cuya inversión estimada ronda los 85.000 millones de dólares. Este tipo de emprendimientos requieren reglas de juego claras y financiamiento externo, hoy dificultado por medidas como el cepo cambiario.
El resultado electoral, entonces, marca un punto de inflexión: la gobernabilidad legislativa permite acelerar reformas de fondo, pero el desafío continúa siendo el mismo: generar confianza duradera en el entorno inversor sin desatender el impacto social que las medidas puedan tener en la ciudadanía.
