El DNU 340/2025 incorpora la educación como servicio esencial y genera respuestas gremiales
El Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, publicado el 21 de mayo, establece el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional” y, entre sus artículos, incorpora una modificación al artículo 24 de la ley 25.877 que suma a la educación como servicio esencial. Esta disposición generó pronunciamientos de rechazo por parte de distintos gremios docentes, entre ellos ADICUS (Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan), CONADU Histórica y la CGT.
El alcance del decreto y el debate sobre el derecho a huelga
Los sectores gremiales advierten que la inclusión de la educación como actividad esencial podría limitar el ejercicio del derecho a huelga en el sector. Esta figura suele aplicarse a servicios críticos como la salud o la seguridad, y su aplicación al ámbito educativo representa un cambio relevante en la interpretación de derechos laborales vigentes.
Desde las organizaciones se señaló que esta disposición modifica parcialmente el marco de la ley 26.206 de educación nacional, que establece la educación como un derecho social y no como un servicio esencial en términos laborales. También destacaron que una iniciativa similar recibió media sanción en la Cámara de Diputados en 2024, pero no fue convertida en ley.
Contexto normativo y antecedentes
El pronunciamiento sindical también hace referencia a antecedentes recientes, como el DNU 70/2023, en el que se intentó avanzar con modificaciones al régimen de huelga y que fue posteriormente declarado inconstitucional en ese punto. En este nuevo caso, la declaración de servicio esencial forma parte de un decreto cuya finalidad principal está centrada en la regulación del transporte fluvial y marítimo.
Reacciones y posibles derivaciones
Las organizaciones gremiales expresaron su rechazo al DNU 340/2025 y plantearon que cualquier reforma que afecte derechos laborales debería ser debatida por el Congreso Nacional. Por su parte, el Gobierno no ha brindado mayores detalles sobre la decisión de incorporar la educación al listado de servicios esenciales ni sobre su eventual reglamentación.
La medida se da en un contexto de reclamos docentes a nivel nacional por mejoras salariales, condiciones laborales y presupuestos universitarios. El debate sobre el carácter de esencialidad en el sistema educativo abre una nueva discusión sobre los límites entre el derecho a la educación y los mecanismos de protesta sindical.
En tanto, no se descartan presentaciones judiciales o legislativas en torno al decreto en los próximos días. El tema continúa generando reacciones en distintos sectores vinculados al ámbito educativo, político y legal.
