La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) lleva a cabo este martes una jornada nacional de protestas en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente promulgada pero suspendida por el Gobierno nacional.
La medida fue decidida el pasado viernes, durante un plenario nacional de gremios del sector, donde también se resolvió realizar un paro total de actividades para el miércoles 22 de octubre. Por su parte, CONADU Histórica anunció una huelga de 48 horas para los días 21 y 22 de octubre.
La ley fue promulgada, pero sigue sin aplicarse
El conflicto se agravó luego de que el Ejecutivo, mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025, promulgara esta madrugada la norma sancionada por el Congreso, pero postergara su aplicación hasta que se asignen fondos específicos en el Presupuesto Nacional.
La ley establece un régimen de financiamiento para universidades públicas, con actualización automática del presupuesto, recomposición salarial para docentes y no docentes, y fortalecimiento de programas de becas. El texto había sido vetado por el presidente Javier Milei, pero el Congreso logró revertir ese veto con mayoría agravada.
Reclamo por salarios y condiciones laborales
“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se suma la precarización de cargos, y ahora la postergación de una ley que fue aprobada democráticamente”, expresó Carlos De Feo, secretario general de CONADU.
El dirigente advirtió que la actitud del Gobierno implica una grave vulneración de los derechos laborales y educativos y denunció el deterioro constante de las condiciones en las casas de estudio.
Jornada de visibilización en todo el país
Las acciones de protesta incluyen clases públicas, asambleas, volanteadas y movilizaciones frente al Congreso, ministerios y plazas principales. Participan delegaciones de más de 30 gremios universitarios, entre ellos SIDIU, ADIUC, ADUNIPE, FEDUBA, ADUM, SIDUNSJ y AGD Río Cuarto.
Desde CONADU Histórica reiteraron su pedido para que el Ejecutivo cumpla con la sanción y aplicación efectiva de la ley, y advirtieron que el desfinanciamiento del sistema universitario “se profundiza día a día”.
La tensión entre el Gobierno y el sector universitario suma así un nuevo capítulo, en medio de un escenario de alta inflación, ajuste fiscal y falta de definiciones concretas sobre el futuro del sistema educativo nacional.
