El Ministerio de Educación de San Juan ha consolidado su rol como eslabón crucial en la red de protección de la infancia y adolescencia, a través de la implementación del Protocolo Ángel Guardián. Durante el año 2025, esta iniciativa interinstitucional llevó a cabo 147 intervenciones, reafirmando su compromiso de identificar, contener y acompañar a niños y jóvenes que atraviesan complejas situaciones de abuso sexual o violencia intrafamiliar.
El objetivo central de este protocolo es contundente: evitar la deserción escolar y garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de los menores en situación de vulnerabilidad. Para ello, se ha tejido una articulación estratégica entre el Ministerio de Educación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud, conformando una respuesta integral frente a problemáticas que requieren la máxima sensibilidad y eficiencia estatal.
El mecanismo de una red de contención
El proceso se inicia con la recepción de un oficio judicial confidencial por parte del Ministerio de Educación. Una vez activado, se pone en marcha un sofisticado esquema de acompañamiento pedagógico y socioemocional, ejecutado por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios. La premisa fundamental es clara: brindar contención sin indagar ni exponer a las víctimas, priorizando su bienestar dentro del ámbito escolar y evitando cualquier forma de revictimización.
La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la esencia de este abordaje: “Cada intervención buscó que la escuela siga siendo un lugar seguro. Acompañar, contener y sostener la escolaridad es una responsabilidad del Estado cuando hay un niño o adolescente en situación de vulnerabilidad. El trabajo de los gabinetes es silencioso, profesional y profundamente humano”. Esta filosofía orienta las acciones, que incluyen el seguimiento minucioso de la asistencia a clases, la observación del estado emocional de los alumnos, el acompañamiento constante a equipos directivos y docentes, y la implementación de estrategias pedagógicas específicas para favorecer la permanencia y la revinculación con el grupo de pares. El proceso judicial, en tanto, sigue su curso por los canales correspondientes, de manera paralela.
Números que interpelan la realidad
Luis Lucero, director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, brindó precisiones sobre el alcance del protocolo. Si bien las 147 intervenciones registradas en 2025 representan una cifra menor en comparación con las más de 200 realizadas en 2024, el funcionario enfatizó que esta disminución no debe interpretarse como una merma del problema. “Muchos casos no llegan a denunciarse. Por eso es clave el rol de la escuela: docentes, directivos y gabinetistas detectan señales, activan el protocolo y denuncian cuando corresponde”, explicó Lucero.
La estadística es contundente y subraya la importancia de esta labor: “Estadísticamente, es muy alto el porcentaje de deserción escolar de niños y adolescentes víctimas de abuso. Nuestro trabajo es acompañar para que no abandonen la escuela y se sientan protegidos”, afirmó Lucero, confirmando que todos los gabinetes de la provincia se encuentran involucrados activamente en el programa. La escuela, lejos de ser solo un espacio de formación académica, se erige así como un baluarte en la detección temprana y la primera línea de contención frente a situaciones de extrema vulnerabilidad.
Un compromiso interministerial consolidado
El Protocolo Ángel Guardián no es una acción aislada, sino el resultado de un compromiso coordinado que establece procedimientos claros ante situaciones de alta complejidad. Una vez activado, el rol de cada ministerio es fundamental: desde Educación, se proporciona la contención y el seguimiento educativo continuo; el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano complementa esta acción a través de sus áreas sociales municipales, mientras que el Ministerio de Salud interviene de manera específica cuando la situación demanda atención terapéutica. Esta sinergia interministerial busca asegurar que ninguna arista del bienestar del niño o adolescente quede desatendida, proveyendo un amparo integral en un momento crucial de sus vidas.
