El gobierno de Javier Milei ha oficializado su intención de transformar radicalmente el paradigma educativo argentino mediante el proyecto de Ley de Libertad Educativa. La iniciativa, que busca capitalizar el impulso político tras las recientes elecciones, propone que el Estado pase a tener una función subsidiaria, cediendo el protagonismo a las familias y habilitando mecanismos de mercado para la gestión escolar. Esta reforma apunta a los niveles obligatorios —inicial, primario y secundario— y plantea un giro de 180 grados respecto a la tradición sarmientina de la escuela pública.
En sus lineamientos fundamentales, el texto promueve la «libertad educativa, entendida como el derecho de toda persona […] a enseñar y aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos». De esta forma, se establece el «rol preferente de la familia, como agente natural y primario», relegando al Estado a un papel de garante que actúa «sin sustituir la responsabilidad individual, familiar ni la iniciativa social».
Desregulación y poder parental
La propuesta introduce cambios drásticos en la gobernanza escolar. Por un lado, se autoriza la enseñanza en el hogar —conocida globalmente como homeschooling—, rompiendo con la obligatoriedad de la asistencia presencial a una institución. Por otro, empodera a los padres a través de la creación de Consejos de Padres en cada escuela, los cuales tendrán funciones de supervisión y deberán «participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución».
El proyecto detalla dos modalidades alternativas al sistema presencial tradicional: 1. Educación en entornos virtuales: Un nicho donde ya existen numerosas instituciones privadas esperando la luz verde para operar. 2. Educación en el hogar: «Dirigida por los responsables parentales o tutores […] impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas». Los estudiantes bajo estas modalidades deberán validar sus saberes mediante «evaluaciones estandarizadas» de contenidos mínimos.
Financiamiento a la demanda y competencia
Uno de los puntos más controversiales es la modificación del esquema presupuestario. El proyecto elimina la meta del 6% del PBI para educación y establece que los fondos públicos dejarán de financiar la oferta (las escuelas) para financiar la demanda (los alumnos). «Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes», señala el texto, «están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa».
Este sistema, sumado a la publicación de resultados de evaluaciones censales (hoy prohibida), busca generar un ranking de escuelas que compitan por la matrícula. El objetivo es establecer un régimen de competencia escolar donde las instituciones deban captar alumnos para asegurar su presupuesto, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.
Rechazo de expertos y gremios
La comunidad educativa ha reaccionado con preocupación. Myriam Feldfeber, doctora en Educación de la UBA, fue categórica: «Esta reforma vulnera el derecho a la educación establecido en la Constitución y la obligación del Estado de garantizar ese derecho». Para la especialista, el proyecto intenta «romper y transformar las bases sobre las cuales se construyó y se fue desarrollando nuestro sistema educativo», sin resolver los problemas reales de fondo.
Por su parte, Mariano Echenique, doctor en Educación por la UNLP, advirtió sobre el carácter elitista del homeschooling y los riesgos de la virtualidad total en menores: «La socialización de los alumnos, que solo se consigue de forma presencial, yendo y poniendo el cuerpo en una escuela, es imposible de reemplazar con una formación únicamente virtual».
Los sindicatos docentes, encabezados por CTERA, ya se pronunciaron en contra, rechazando especialmente la declaración de la educación como «servicio esencial», vista como una herramienta para limitar el derecho a huelga. Según el gremio, la iniciativa «responde a las demandas de las grandes corporaciones» y profundiza una «tendencia privatizadora». Aunque el proyecto ya es público, el Gobierno aún debe enviarlo al Congreso, donde se anticipa un debate acalorado frente a la resistencia del peronismo, la izquierda y la comunidad educativa.
