El reconocido intérprete madrileño Julio Iglesias ha sido formalmente denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España bajo gravísimos cargos que incluyen maltrato laboral, trata de personas y abuso sexual. La presentación judicial, que se formalizó el pasado 5 de enero pero tomó estado público este martes 13 de enero, fue impulsada por dos mujeres que se desempeñaron como personal doméstico en sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana) y Bahamas entre enero y octubre de 2021.
La denuncia cuenta con el acompañamiento institucional de la organización internacional Women’s Link Worldwide y se extiende hacia un grupo de encargadas de las residencias, señaladas como presuntas «colaboradoras» necesarias en la ejecución de los delitos. A pesar de que los hechos habrían tenido lugar fuera del territorio español, la jurisdicción de la Audiencia Nacional se habilita debido a la nacionalidad del músico, permitiendo que sea juzgado en su país de origen.
Cargos penales e investigación periodística
Según los documentos presentados, el artista es acusado de delitos que podrían constituir «trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre». El escrito judicial también detalla «varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual«, además de lesiones y vulneraciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores mediante la «imposición de condiciones laborales abusivas».
Este caso es el resultado de una investigación exhaustiva de tres años llevada a cabo por los medios ElDiario.es y Univisión Noticias. Durante este período, se recolectaron pruebas y testimonios que contradicen la imagen pública del cantante. Los periodistas responsables del informe precisaron que intentaron obtener la versión de Iglesias en «diversas ocasiones y por varias vías», pero no obtuvieron respuesta alguna del músico ni de su entorno más cercano.
Testimonios de las víctimas y protección de identidad
Las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura para preservar su seguridad ante la influencia del acusado, relataron un calvario de acoso persistente. Las mujeres aseguraron que «no nos merecíamos todo el maltrato físico psicológico, y sexual» que presuntamente sufrieron desde la instancia misma de la entrevista laboral hasta su desvinculación definitiva.
Las víctimas hicieron referencia al impacto global del caso de la francesa Gisèle Pelicot, reafirmando que su objetivo es lograr que «la vergüenza tiene que cambiar de bando». Laura, una de las denunciantes, manifestó su voluntad de que esta acción legal sirva como un precedente: “Quiero que mi voz les dé fuerza y hablen, y entre todas logremos hacer justicia. No lo hago solo por mí, también lo hago por ellas, porque no es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico psicológico, y sexual”.
Ante la «especial vulnerabilidad socioeconómica» de las mujeres, sus representantes legales han solicitado medidas estrictas para evitar cualquier contacto directo o indirecto entre el acusado y las víctimas, ante el temor fundado de posibles represalias o intimidaciones dada la magnitud de la figura pública involucrada.
