En una jornada marcada por la hostilidad hacia el ejercicio informativo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que al menos 14 periodistas y trabajadores de medios fueron arrestados durante operativos desplegados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Los hechos ocurrieron mientras los comunicadores cubrían el inicio del período de sesiones del parlamento en Caracas.
De acuerdo con el reporte oficial del gremio, entre los afectados se encuentran once trabajadores pertenecientes a agencias y medios internacionales y uno vinculado a la prensa nacional. Si bien cuatro de ellos recuperaron su libertad horas más tarde, diez personas permanecen detenidas. El SNTP alertó que algunos de estos casos se encuentran bajo lo que describen como una «situación de desaparición forzosa», al no conocerse con precisión su paradero ni las condiciones de su reclusión.
Violación de la privacidad y el secreto de fuentes
Durante la cobertura, las autoridades impusieron restricciones severas, prohibiendo de manera taxativa transmitir en vivo, realizar grabaciones o capturar fotografías. En este contexto, tres periodistas fueron interceptados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladados a instalaciones de la Guardia dentro del Palacio Legislativo.
Los procedimientos incluyeron la revisión ilegal de los teléfonos celulares de los comunicadores. Según el SNTP, los agentes exigieron las claves de acceso de los dispositivos para inspeccionar:
- Galerías de fotos y archivos de video.
- Listas de contactos y conversaciones privadas.
- Cuentas de Instagram y correos electrónicos.
- Archivos almacenados en servicios de la nube.
Uno de los casos reportados fue el de Daniel Álvarez, cronista del canal Televen, quien fue privado temporalmente de su teléfono móvil mientras los efectivos militares se encontraban fuera del recinto donde permanecía demorado antes de ser liberado.
Un patrón de criminalización del periodismo
El SNTP fue enfático al señalar que estas acciones forman parte de una estrategia sistemática orientada a silenciar a la prensa independiente. En un comunicado oficial, el organismo advirtió que “la prisión y detención arbitraria de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y genera autocensura en la cobertura informativa, en detrimento del derecho de la ciudadanía a estar informada”.
La organización gremial destacó además que, en el contexto actual de crisis institucional y fuerte presencia militar en el centro de la capital, estas detenciones vulneran derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales. Según las estadísticas del sindicato, actualmente al menos 23 periodistas permanecen privados de libertad en Venezuela por motivos vinculados exclusivamente a su labor de informar. “No es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria”, concluyó la declaración del gremio.
<p>Al menos 14 trabajadores de prensa fueron detenidos por fuerzas de seguridad venezolanas durante la cobertura de la instalación del período de sesiones de la Asamblea Nacional. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que diez comunicadores permanecen bajo arresto, algunos en situación de desaparición forzosa, tras sufrir registros ilegales en sus dispositivos móviles y la prohibición de informar en vivo.</p>
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Bienvenidos a una nueva edición de «Turismo de Riesgo: Edición Caracas», donde cubrir la instalación de la Asamblea Nacional tiene más peligro que caminar con una camiseta de la selección por el medio de una barra brava rival. Resulta que las fuerzas de seguridad locales, en un rapto de hospitalidad democrática, decidieron que 14 periodistas sobraban en la calle y que estarían mucho mejor conociendo las instalaciones de detención del Estado. Al parecer, en el manual de estilo del régimen, llevar una cámara es considerado una provocación equiparable a portar un lanzamisiles, y transmitir en vivo es un pecado capital que solo se perdona con una revisión exhaustiva de tus conversaciones de WhatsApp y tus fotos del asado del domingo.
Lo más fascinante de este operativo de «relaciones públicas» es el interés tecnológico de la DGCIM. Estos muchachos no solo detienen, sino que se convierten en técnicos de soporte técnico no solicitados, exigiendo claves de acceso y revisando correos electrónicos como si estuvieran buscando la fórmula de la Coca-Cola o, peor aún, un meme que no les de gracia. Es esa obsesión de ex pareja tóxica llevada al nivel de seguridad nacional: si no tenés nada que ocultar, ¿por qué no me dejás ver tu Instagram, tu nube y tus notas de voz donde le decís a tu mamá que la comida está cara? El concepto de «secreto de sumario» en Venezuela parece haber sido reemplazado por el de «secreto de tus fuentes en mis manos», transformando el ejercicio del periodismo en una disciplina de supervivencia extrema donde el premio mayor es volver a tu casa con el teléfono sin formatear.
Mientras diez comunicadores siguen «desparecidos forzosamente» —un eufemismo estatal para decir que están en un limbo burocrático-policial—, el sindicato de prensa intenta explicarle al poder que informar es un derecho humano y no una concesión generosa del caudillo de turno. Pero claro, es difícil razonar cuando la respuesta oficial es un patrullero y una prohibición de grabar. En este contexto, el periodismo venezolano no solo lucha contra la censura, sino contra un patrón de criminalización que ya tiene a 23 trabajadores tras las rejas. Al final del día, la única transición que parece estar funcionando allá es la que va de una cobertura informativa a un acta de detención, dejando a la ciudadanía con el derecho a la información tan borroso como una foto tomada con un celular confiscado.
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