El cantante Julio Iglesias ha solicitado formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de la investigación iniciada a partir de las denuncias por abuso sexual presentadas en su contra por dos ex empleadas. Las denunciantes cumplían funciones en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, y el conflicto judicial ha escalado tras la presentación de un escrito por parte de la defensa del artista.
El abogado del intérprete, José Antonio Choclán, fundamentó el pedido alegando que el proceso judicial ha provocado un “grave daño reputacional” al cantante. No obstante, el eje central de la defensa radica en una cuestión técnica de competencia procesal, sosteniendo que los tribunales españoles “carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado”.
Argumentos sobre la falta de jurisdicción
Según el documento al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, la representación legal de Iglesias sostiene que no se cumplen los requisitos básicos para que la justicia española intervenga en el caso. Choclán explicó que, debido a que las denunciantes no poseen nacionalidad española ni son menores de edad, sumado a que el cantante mantiene su residencia habitual en República Dominicana —lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos—, la denuncia debería haber sido interpuesta en ese país caribeño.
En este sentido, el escrito enfatiza que la Fiscalía “debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal iniciadas”. Para la defensa, la continuidad de este proceso en España constituye una irregularidad que alimenta lo que califican como una “campaña mediática” injustificada contra el artista.
Impacto en la imagen pública del artista
La defensa de Iglesias ha sido tajante al vincular el proceso judicial con un perjuicio directo a la trayectoria y la imagen del cantante a nivel internacional. Al solicitar el cierre de las actuaciones, instan a “detener la campaña mediática puesta en marcha, con grave daño reputacional”, argumentando que la exposición pública de estas denuncias sin un sustento jurisdiccional claro vulnera los derechos fundamentales del investigado.
Por el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá evaluar si los presupuestos de la Ley Orgánica del Poder Judicial permiten extender la competencia española a hechos ocurridos fuera del territorio nacional bajo las condiciones descritas por la querella, o si, por el contrario, procede el archivo de las actuaciones tal como demanda el entorno legal del músico.
<p>Julio Iglesias ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las investigaciones por presunto abuso sexual iniciadas tras las denuncias de dos ex empleadas. La defensa del cantante alega falta de jurisdicción de los tribunales españoles, argumentando que los hechos habrían ocurrido en el extranjero y que las denunciantes no poseen nacionalidad española, calificando el proceso como perjudicial para su reputación.</p>
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Julio Iglesias, el hombre que le puso banda sonora a los romances de tres generaciones y que probablemente sea el padre biológico de la mitad de la población de habla hispana, ahora se encuentra en medio de una balada judicial que no tiene nada de romántica. El cantante le ha pedido a la justicia española que, básicamente, haga un «delete» a la investigación por abuso sexual que le iniciaron dos ex empleadas de sus mansiones caribeñas. Su defensa, con una agilidad digna de quien ha esquivado impuestos y fans enfervorizadas durante décadas, no se puso a discutir si los hechos ocurrieron o no; simplemente sacaron el mapa mundi y dijeron: «Señores, España queda en Europa y esto, supuestamente, pasó donde hace calor y el ron es barato, así que aquí no tenemos nada que hacer». Es la versión jurídica del «si no me acuerdo, no pasó», pero aplicada a las coordenadas del GPS.
El escrito presentado por su abogado, José Antonio Choclán, es una pieza maestra de la indignación profesional. No solo pide el archivo, sino que reclama que se detenga la «campaña mediática» porque el pobre Julio está sufriendo un «grave daño reputacional». Claro, porque en el imaginario colectivo, Iglesias siempre fue un monje trapense y no un ídolo que basó toda su carrera en ser el seductor definitivo. El argumento de la falta de jurisdicción es tan sólido como conveniente: como las denunciantes no son españolas y él vive legalmente en República Dominicana, la justicia de Madrid tendría tanto poder para investigarlo como el intendente de un pueblo perdido en la Pampa. Es el sueño de cualquier acusado: que tu caso sea como una pelota de tenis que rebota de un continente a otro hasta que todo el mundo se cansa de mirar y se va a dormir la siesta.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional se encuentra en la encrucijada de decidir si sigue adelante o si acepta que el domicilio fiscal y residencial de una estrella internacional es el escudo perfecto contra cualquier denuncia que cruce el Atlántico. Si este fuera un disco de Julio, se llamaría «Jurisdicciones» y el primer hit sería «Me olvidé de comparecer». Lo cierto es que, entre misiones diplomáticas de abogados y tratados internacionales, el cantante intenta que esta mancha en su traje blanco desaparezca antes de que el daño a su imagen sea tan grande que ni siquiera un filtro de Instagram de los años setenta pueda ocultarlo. Porque al final, en el mundo de las celebridades, la verdad es relativa, pero la falta de jurisdicción es eterna… y usted, lo sabe.
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