Desde el 1 de agosto, Inglaterra y Gales prohíben poseer, vender, fabricar o importar espadas ninja, con penas de hasta cuatro años de prisión por su tenencia en público. La medida, anunciada por el Ministerio del Interior británico, busca frenar la creciente ola de delitos con arma blanca.
Durante julio, el Gobierno impulsó una campaña de amnistía en la que se entregaron más de 1.000 armas. La iniciativa apuntó especialmente a jóvenes y se enmarca en una ofensiva mayor contra los crímenes con cuchillos, que en la última década crecieron un 87%, alcanzando 54.587 incidentes en 2024.
El detonante de esta política fueron ataques de alto perfil, como el ocurrido en Southport en julio de 2024, cuando Axel Rudakubana, de 17 años, apuñaló en un recital infantil inspirado en Taylor Swift, matando a tres niñas e hiriendo a otras diez.
La Ley de Ronan y sus sanciones
La prohibición se implementa bajo la Ley de Ronan, que lleva el nombre de Ronan Kanda, un joven de 16 años asesinado en 2022 con una espada ninja. La normativa endurece las sanciones: seis meses de cárcel por tenencia privada —que subirán a dos años con el próximo proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía— y cuatro años de prisión por posesión en público.
La Asociación de Comisarios de Policía y Crimen (APCC) destacó que la medida permitirá retirar estas armas “particularmente en casos de violencia relacionada con pandillas que afecta a jóvenes”. Además, anunció que investigará “las causas profundas que llevan a una persona a portar cuchillos”.
Un problema en crecimiento
Con uno de los niveles más altos de Europa en crímenes con arma blanca, el Reino Unido intenta contener una crisis que afecta a la seguridad pública. El Ministerio del Interior subrayó que esta prohibición busca “reducir la disponibilidad de armas mortales y brindar a la Policía más herramientas para intervenir”.
Desde el 1 de agosto, Inglaterra y Gales prohíben la posesión, venta e importación de espadas ninja, con penas de hasta cuatro años de cárcel por tenencia en público. La medida, parte de la Ley de Ronan, busca reducir los delitos con arma blanca, que crecieron un 87% en diez años. Más de 1.000 armas fueron entregadas durante una amnistía previa a la prohibición. La ofensiva sigue a ataques de alto impacto, como el apuñalamiento en Southport que dejó tres niñas muertas en 2024.
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Desde el 1 de agosto, Inglaterra y Gales prohíben poseer, vender, fabricar o importar espadas ninja, con penas de hasta cuatro años de prisión por su tenencia en público. La medida, anunciada por el Ministerio del Interior británico, busca frenar la creciente ola de delitos con arma blanca.
Durante julio, el Gobierno impulsó una campaña de amnistía en la que se entregaron más de 1.000 armas. La iniciativa apuntó especialmente a jóvenes y se enmarca en una ofensiva mayor contra los crímenes con cuchillos, que en la última década crecieron un 87%, alcanzando 54.587 incidentes en 2024.
El detonante de esta política fueron ataques de alto perfil, como el ocurrido en Southport en julio de 2024, cuando Axel Rudakubana, de 17 años, apuñaló en un recital infantil inspirado en Taylor Swift, matando a tres niñas e hiriendo a otras diez.
La Ley de Ronan y sus sanciones
La prohibición se implementa bajo la Ley de Ronan, que lleva el nombre de Ronan Kanda, un joven de 16 años asesinado en 2022 con una espada ninja. La normativa endurece las sanciones: seis meses de cárcel por tenencia privada —que subirán a dos años con el próximo proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía— y cuatro años de prisión por posesión en público.
La Asociación de Comisarios de Policía y Crimen (APCC) destacó que la medida permitirá retirar estas armas “particularmente en casos de violencia relacionada con pandillas que afecta a jóvenes”. Además, anunció que investigará “las causas profundas que llevan a una persona a portar cuchillos”.
Un problema en crecimiento
Con uno de los niveles más altos de Europa en crímenes con arma blanca, el Reino Unido intenta contener una crisis que afecta a la seguridad pública. El Ministerio del Interior subrayó que esta prohibición busca “reducir la disponibilidad de armas mortales y brindar a la Policía más herramientas para intervenir”.