Argentina consiguió un fallo favorable en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que ordenó una suspensión administrativa temporal de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska. De esta manera, se frena por tiempo indeterminado la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre, Burford Capital y Eton Park.
La resolución, firmada por la secretaria del Tribunal Catherine O’Hagan Wolfe, suspende los efectos del fallo del pasado 30 de junio mientras se tramita la apelación. Con esta decisión, queda sin efecto el ultimátum de 72 horas que había impuesto Preska para transferir las acciones, bajo amenaza de declarar a la Argentina en desacato judicial.
Los fondos buitre deberán presentar su oposición antes del 17 de julio, mientras que el Estado argentino tiene plazo hasta el 22 de julio para replicar. Un panel de tres jueces decidirá luego si mantiene o no la suspensión durante el proceso de apelación.
Argumentos de la defensa argentina
Los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratados por el Gobierno, sostuvieron que la orden de Preska viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. Además, advirtieron sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
También citaron la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, que actúa como respaldo institucional al país, y afirmaron que cumplir con la orden forzaría a la Argentina a violar su propia legislación nacional.
Impacto en los mercados y reacciones políticas
La noticia generó un alivio en los mercados: los ADRs de YPF revirtieron la tendencia bajista y cerraron con mayoría de alzas. En paralelo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que su provincia intervendrá judicialmente en la Corte de Nueva York para proteger las acciones que le corresponden como accionista de YPF.
Desde la sede de la petrolera en Comodoro Rivadavia, Torres expresó: “Vamos a defender lo nuestro tanto de la demagogia kirchnerista como del atropello judicial de una jueza que no contempla que las provincias también son dueñas de YPF”.
Qué se discute y cómo sigue el juicio
El litigio, iniciado por Burford Capital y Eton Park, busca ejecutar una sentencia por u$s16.099 millones en compensación por la expropiación de YPF en 2012. Aunque la petrolera no forma parte directa del juicio, es el principal “botín” del conflicto judicial entre el Estado argentino y los demandantes.
El presidente de YPF, Horacio Marín, se despegó del caso al remarcar que la jueza falló contra la República Argentina y no contra la empresa. En sus palabras: “Yo soy ejecutivo de YPF. No puedo opinar sobre un juicio que no nos involucra directamente”.
La Cámara deberá resolver ahora si confirma, modifica o revoca la sentencia de Preska. Por lo pronto, la suspensión administrativa da aire a la estrategia judicial del país, que apuesta a revertir el fallo y evitar una pérdida irreversible de control sobre YPF.
