La Cámara de Diputadas y Diputados de La Rioja aprobó una ley que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos personales en las escuelas públicas y privadas de la provincia.
La iniciativa busca promover entornos educativos saludables, seguros y adecuados para el aprendizaje, con medidas diferenciadas según el nivel educativo.
La diputada provincial Lourdes Ortiz explicó que el proyecto fue trabajado durante cinco meses con aportes de distintos sectores vinculados a la salud, la educación y la prevención de consumos problemáticos.
“ha sido en este tiempo de trabajo de cinco meses escuchar distintas recomendaciones”, afirmó.
La legisladora detalló que hubo articulación con la Sociedad Argentina de Pediatría Filial La Rioja, el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia, Sedronar y los ministerios provinciales de Salud y Educación.
Cómo se aplicará la regulación
La norma alcanza a los Niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto en establecimientos públicos como privados.
En los niveles Inicial y Primario se establece la suspensión total del uso de dispositivos personales durante la jornada escolar.
En el Nivel Secundario regirá una restricción general, aunque se contemplará su utilización de manera excepcional cuando exista una finalidad pedagógica previamente planificada y bajo supervisión docente.
El Ministerio de Educación de La Rioja será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la reglamentación de la ley.
Salud, concentración y convivencia
Entre los fundamentos de la iniciativa aparecen la protección de la salud integral de los estudiantes, la mejora de la concentración y el fortalecimiento de la convivencia escolar.
Ortiz sostuvo que el criterio rector es el “interés superior del niño, niña y adolescente, que hoy demandan la atención de los Estados y de una comunidad”.
La diputada advirtió además que los efectos del problema pueden observarse en el uso temprano y excesivo de dispositivos móviles.
Según explicó, la regulación busca favorecer los trayectos formativos, la socialización, el aprendizaje y el juego.
“Hoy el promedio es 9 años la edad en la que un niño se vincula ya con un teléfono personal, y no puede ser de otra manera que no se lo conceda un adulto. Entonces, hay una decisión por parte del adulto en esa relación anticipada con las pantallas. Nosotros regulamos un ámbito escolar, pero la ley también le habla a la comunidad en general diciendo que todos los adultos, las redes de apoyo de los niños, niñas y adolescentes tenemos que poder acompañar y poder cuidar esta temprana edad en donde necesitamos otra predisposición del niño, la niña y el adolescente en el proceso de aprendizaje”, remarcó.
Una norma con foco en la prevención
La legisladora enfatizó que la ley apunta a establecer pautas y recomendaciones, más que a plantear una prohibición generalizada sin distinciones.
“Son recomendaciones que no las hacemos nosotros, las hace la Sociedad Argentina de Pediatría para el cuidado temprano. Básicamente son dos: retardar el contacto con la pantalla y retardar el contacto con las redes sociales”, sostuvo.
Con la aprobación legislativa, La Rioja avanza así en una regulación específica sobre el uso de dispositivos personales dentro de las escuelas, con criterios diferenciados por nivel y con el objetivo de reducir la exposición innecesaria a pantallas durante la jornada educativa
La Legislatura de La Rioja aprobó una ley que regula el uso de celulares y otros dispositivos personales en escuelas públicas y privadas. La norma establece la suspensión total durante la jornada en los niveles Inicial y Primario, mientras que en Secundario habrá restricciones con excepciones pedagógicas. El objetivo es favorecer la concentración, la convivencia y el cuidado integral de los estudiantes.
La Rioja decidió meterse en una de las discusiones más contemporáneas del sistema educativo: cuánto teléfono entra en un aula antes de que el aula deje de parecer un aula y empiece a funcionar como una sucursal adolescente de las redes sociales. La respuesta legislativa fue bastante clara: en Inicial y Primaria, el celular queda afuera de juego durante toda la jornada; en Secundaria, podrá aparecer, pero bajo supervisión docente y con una razón pedagógica que vaya un poco más allá de “estábamos buscando algo”.
La iniciativa fue trabajada durante cinco meses con aportes de pediatras, psicólogos, Sedronar y los ministerios provinciales de Salud y Educación. Es decir, no salió de una guerra personal contra los teléfonos ni de la nostalgia por el guardapolvo sin Wi-Fi, sino de una preocupación concreta por el uso temprano y excesivo de pantallas.
La diputada Lourdes Ortiz puso además un dato sobre la mesa: el promedio de edad en que un niño empieza a vincularse con un teléfono propio es de nueve años. La norma apunta entonces a ordenar lo que sucede dentro de la escuela, pero también deja un mensaje bastante incómodo para los adultos: los chicos no compran solos el celular, no pagan el abono y tampoco se habilitan a sí mismos una cuenta en redes sociales.
El objetivo oficial es recuperar concentración, socialización, juego y aprendizaje, cuatro actividades que vienen compitiendo en evidente desventaja contra una pantalla capaz de ofrecer videos, notificaciones, chats y recompensas en aproximadamente medio segundo. La escuela, por comparación, suele necesitar algo más de paciencia.
La ley no se presenta como una cruzada prohibicionista sino como un marco de recomendaciones y restricciones por edad y nivel. La lógica es simple: retrasar el contacto con pantallas y redes sociales cuando sea posible, y dentro del aula volver a poner al docente, al compañero y al contenido en el centro de la escena. Una revolución modesta, aunque en 2026 pedirle a alguien que mire al frente durante cuarenta minutos ya empieza a sonar bastante ambicioso.
