Argentina se consolidó durante 2025 como un país con uno de los mayores potenciales cupríferos del planeta, pero la ausencia de infraestructura básica mantiene enterrados bajo la cordillera más de 63 millones de toneladas de reservas probadas. Según datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), ocho proyectos de cobre demandan inversiones superiores a los 22.000 millones de dólares y podrían generar exportaciones por 11.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, la falta de rutas, redes eléctricas de alta tensión y acceso al agua convierten estas cifras en una promesa estancada.
El contraste con el modelo chileno
La comparación con el país trasandino resulta elocuente y subraya la urgencia de políticas de Estado en materia logística. Mientras Chile participa con aproximadamente el 25% de la producción mundial de cobre y exporta cerca de 57.000 millones de dólares al año en productos mineros, Argentina apenas supera el 1% de la producción global. En términos de volumen exportable, la minería local alcanzó los 5.400 millones de dólares en 2024, una cifra diez veces menor a la de su vecino.
Lo más llamativo es que la diferencia no radica en la calidad del recurso geológico. El Grupo de Estudios Mineros (GEM) determinó que la ley media de los depósitos argentinos es del 0,5%, lo que representa un valor un 25% superior a la media chilena. Los expertos coinciden en que el problema fundamental se encuentra en la superficie y no en la riqueza del subsuelo.
Producir sin caminos ni energía: el desafío de la altura
Los principales proyectos que podrían cambiar la matriz productiva del país —El Pachón, Josemaría, Los Azules, Taca Taca y MARA— enfrentan barreras operativas críticas. Estas iniciativas comparten una característica común: se ubican a más de 4.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes, en zonas prácticamente despobladas y carentes de servicios básicos esenciales para la industria pesada.
La dirigencia del sector ha sido enfática respecto a las trabas que impiden el despegue definitivo de la actividad. Roberto Cacciola, presidente de CAEM, señaló en agosto pasado que la principal limitación no tiene que ver con los yacimientos ni los operadores, sino con la escasez de infraestructura y logística: falta de carreteras y de redes eléctricas hasta las minas.
Para revertir esta situación, el sector minero advierte que no solo se requiere de estabilidad macroeconómica y marcos regulatorios claros, sino de un plan federal de infraestructura que permita conectar los yacimientos de alta montaña con los centros de distribución y puertos. Sin estas obras, el cobre argentino seguirá siendo un activo contable de gran valor, pero sin impacto real en la balanza comercial del país.
