El sector minero argentino ha marcado en su calendario una fecha determinante: febrero de 2026. Durante este mes, el Congreso de la Nación debatirá en sesiones extraordinarias la modificación de la Ley de Glaciares, una pieza legislativa que ya cuenta con dictamen del Senado y cuya resolución definirá el inicio de proyectos de cobre con inversiones estimadas en u$s 14.000 millones.
El dilema entre la protección hídrica y el potencial exportador
El núcleo del debate reside en el artículo 1 de la normativa vigente, que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), su presidente Roberto Cacciola sostiene que la actual redacción posee zonas grises que impiden el desarrollo económico incluso en áreas sin función hídrica real.
“La Ley de Glaciares se excede con el espíritu. En el texto de la ley hay zonas confusas. Cualquier formación que esté en el ambiente glaciar que no tiene ninguna función hídrica, de todas manera podría ser considerado un activo protegido”, señaló Cacciola. Para el sector, es imperativo realizar una nueva lectura que permita la convivencia de la actividad minera con la preservación del agua, evitando interpretaciones que, según los empresarios, han sido utilizadas para asimilar cualquier zona cordillerana con glaciares de gran magnitud como el Perito Moreno.
El cobre como sucesor del oro y la plata
Si bien la minería argentina tiene una trayectoria consolidada en el oro y la plata, estos sectores enfrentan hoy una etapa de producción declinante. Según los expertos, la falta de nuevos proyectos de envergadura responde a la inestabilidad macroeconómica sufrida entre 2010 y 2018, período en el cual los inversores enfrentaron dificultades para el giro de dividendos y trabas a las importaciones.
En este escenario, el cobre surge como la «gran promesa». Argentina no produce cobre actualmente a escala industrial, pero cuenta con siete proyectos de clase mundial listos para iniciar su construcción. San Juan lidera la nómina con cuatro proyectos, seguida por Mendoza, Salta y Catamarca. La puesta en marcha de estas minas permitiría al país alcanzar una producción de 1.200.000 toneladas anuales, posicionando a la Argentina entre el cuarto y quinto lugar del ranking mundial de proveedores.
El impacto del RIGI y la necesidad de infraestructura
La implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha revitalizado el interés de los principales actores mineros globales, como BHP, Río Tinto, Glencore y Lundin. El esquema ofrece la estabilidad fiscal que la Ley de Inversiones Mineras de 1993 no pudo garantizar debido a incumplimientos estatales posteriores al año 2007. “Si Argentina hubiera cumplido con la Ley de Inversiones Mineras, posiblemente el RIGI no hubiera sido necesario”, afirmó el titular de CAEM.
Más allá del marco legal, el sector advierte sobre un déficit crítico en infraestructura. El desarrollo de los proyectos de cobre demandará una mejora sustancial en rutas nacionales, provisión energética y, fundamentalmente, en el sistema ferroviario. Actualmente, el costo del transporte interno puede superar el valor del flete internacional, lo que resta competitividad a la producción local frente a potencias regionales como Chile.
De concretarse la reforma en febrero, cada uno de los siete proyectos principales podría emplear a unas 7.000 personas de forma directa durante su fase de construcción y mantener una dotación permanente de 2.400 trabajadores durante ciclos de operación que se extienden por 40 o 50 años. El desenlace legislativo determinará si Argentina inicia finalmente su transformación en un actor clave de la transición energética global.
