San Juan, Argentina – La provincia de San Juan reafirma la estricta aplicación de la Ley 494-M, que rige el transporte de minerales en su jurisdicción. Esta normativa establece la obligatoriedad ineludible de la guía de tránsito, un documento fundamental diseñado para asegurar la completa trazabilidad y la legalidad de cada carga minera, tanto dentro como fuera del territorio provincial. La guía se constituye como el único instrumento que habilita el movimiento de estos recursos.
La razón de ser de este requisito es contundente: garantizar que los minerales extraídos provengan exclusivamente de canteras y minas debidamente registradas. De esta manera, se combate eficazmente el transporte ilegal y se dota a las autoridades de las herramientas necesarias para un control riguroso sobre el origen y el destino final de la mercadería. Es imperativo destacar que un simple remito comercial, si bien es parte de la operatoria, bajo ningún concepto sustituye la validez y la función legal de la guía de tránsito.
Procedimiento y autoridad emisora
El Registro de Productores, Comerciantes e Industriales mineros, dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, es el organismo facultado para la emisión de estas guías. La solicitud y obtención del documento están reservadas exclusivamente a aquellos actores inscriptos en este registro provincial. Para conocer los requisitos de inscripción según cada modalidad, los interesados pueden acceder a la información detallada en el apartado "REQUISITOS PROD MINEROS" de la página web oficial del Ministerio de Minería.
El sistema de emisión contempla un formato por cuadruplicado: el original permanece en poder de la autoridad minera, el duplicado se entrega al concesionario o productor, mientras que el triplicado y el cuadruplicado son los que acompañan la carga durante su trayecto. Una vez llegado a destino, el triplicado es entregado al receptor del mineral, completando así el ciclo de control.
Consecuencias del incumplimiento y fiscalización
Transportar minerales sin la guía de tránsito reglamentaria representa una infracción severa, cuyas sanciones están detalladas en la Ley 494-M. Las multas se calculan sobre el valor de la carga y son progresivas: un 25% para la primera transgresión, elevándose al 50% en caso de reincidencia y alcanzando el 100% en la tercera oportunidad. Adicionalmente, la normativa prevé la retención de la carga hasta tanto la situación legal sea debidamente regularizada.
La fiscalización y el control son tareas activas y constantes. Efectivos de Gendarmería Nacional y Policía llevan a cabo operativos regulares en rutas provinciales y nacionales, incluyendo los puntos fronterizos, con el objetivo primordial de asegurar el estricto acatamiento de la normativa y de promover la transparencia en toda la cadena de valor de la actividad minera. El Ministerio de Minería recibe informes pormenorizados de estos controles, lo que permite un seguimiento preciso de cualquier irregularidad detectada.
