El Ministerio de Minería de la provincia anunció una nueva normativa, el Decreto 007-2024, que busca optimizar la evaluación ambiental minera. Entre los cambios más importantes se destaca la unificación de procedimientos, la creación de un proceso más ágil y transparente, la optimización de las comisiones evaluadoras y la incorporación de consultores. Además, se establecen multas por incumplimiento para garantizar la transparencia y el orden en las operaciones mineras. ¿Será esta la solución a nuestros problemas o solo más burocracia?
El Ministerio de Minería de la provincia ha dado a conocer una nueva batería de regulaciones que, en teoría, buscan hacer más eficiente el proceso de evaluación ambiental minera. El Decreto 007-2024, como lo han bautizado, promete una transformación en la forma en que se aprueban los proyectos mineros, pero, ¿será esto suficiente para convencernos de que ahora sí se harán las cosas bien?
Uno de los puntos clave es la unificación de los procedimientos para la presentación y evaluación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA). Esto significa que, en lugar de navegar por un laberinto de trámites, ahora todo estaría concentrado en un único marco normativo bien estructurado. Un cambio que, a priori, suena a que facilitará las cosas, pero, ¿realmente reducirá la burocracia o solo la disfrazará con una nueva cara?
El decreto también promete una “evaluación ambiental más ágil y precisa”. Palabras rimbombantes que, como diría el clásico, «se las lleva el viento» si no hay una voluntad real de controlar y sancionar. La inclusión de consultores y evaluadores adicionales busca, según el gobierno, aportar más conocimiento técnico a los análisis ambientales. Esperemos que esta no sea una manera de contratar gente con menos escrúpulos que los que hay ahora.
Otro punto a resaltar es la división de tareas entre la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) y la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM). La primera se encargará de los proyectos grandes y medianos, mientras que la segunda revisará los más «pequeños». La pregunta es, ¿qué se considerará «pequeño» y quién definirá esos parámetros? ¿No estaremos ante una manera de darle vía libre a los proyectos cuestionables por la puerta de atrás?
«Se trata de un proceso más flexible y eficaz, sin perder rigurosidad técnica», aseguran desde el Ministerio de Minería. Y claro, siempre se vende el paraíso, la tierra prometida, pero, ¿al final, no terminamos todos viviendo en un desierto? La declaración de buenas intenciones, como siempre, está presente, pero la verdadera prueba se verá en la práctica.
Por último, el decreto incluye sanciones por incumplimiento. ¿Será que ahora sí veremos a los infractores pagar las consecuencias o seguirán campantes haciendo de las suyas? La transparencia y la claridad, en teoría, serán los pilares de esta nueva etapa. Ojalá no se queden solo en una promesa vacía y los controles tengan dientes que de verdad muerdan a quien se lo merezca. El tiempo dirá si este decreto es la panacea o simplemente otra vuelta de tuerca en un sistema que, hasta ahora, deja mucho que desear.
