San Juan agita el avispero minero con nuevo decreto que busca «optimizar» la evaluación ambiental. ¿Será el acelerador que la industria necesitaba o una cortina de humo para relajar controles? El ministro Perea jura y perjura que es para el bien de todos, pero los escépticos ya están afilando sus colmillos.
San Juan, la provincia cuyana que parece tener un romance eterno con la minería, vuelve a dar que hablar. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, orquestó la presentación del Decreto Reglamentario N° 007-2024, un movimiento estratégico que, según sus palabras, busca «optimizar los procesos de evaluación ambiental minera». La puesta en escena contó con la presencia de legisladores y empresarios, todos con una sonrisa de oreja a oreja, o al menos eso es lo que mostraron ante las cámaras.
El meollo del asunto, el decreto, responde a lo que el ministro Perea llama «una demanda histórica». Una frase que, en criollo, significa que la burocracia estaba entorpeciendo el avance de la industria. La nueva normativa, que promete estándares más altos en control y fiscalización, busca unificar los procedimientos para la presentación y evaluación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA) en las etapas de Prospección, Exploración y Explotación. Todo esto, con actualizaciones bianuales, para que no parezca que se están durmiendo en los laureles.
La jugada maestra del decreto es una simplificación administrativa que, supuestamente, garantiza que la evaluación ambiental respete los plazos del Código de Minería. La idea es que la industria no se quede esperando mientras los ambientalistas levantan las cejas. Para los proyectos grandes y medianos, la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) será la encargada, mientras que los más pequeños pasarán por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), una especie de atención diferenciada para no hacer esperar a nadie.
Pero acá viene el gancho: la incorporación de consultores y evaluadores adicionales, una movida que, según Perea, le dará más flexibilidad y eficacia al proceso. «La optimización de los procesos no significa relajar controles, sino lograr una evaluación ordenada y especializada que beneficie a la provincia,» afirmó el ministro, intentando calmar las aguas de los ambientalistas más desconfiados. Perea, con un tono que raya entre el optimismo y la súplica, asegura que habrá evaluaciones más ágiles y precisas, procesos transparentes y reducción de burocracia, todo ello sin sacrificar los criterios técnicos.
El sector empresarial y los miembros de la Comisión de Minería parecen haber comprado el discurso, calificando la medida como «fundamental para el desarrollo sostenible». «Esta normativa prueba que es posible modernizar y optimizar procesos sin perder calidad técnica ni compromiso social», sentenció Perea, extendiendo una mano al sector público y privado para seguir trabajando juntos. La pregunta que queda flotando en el aire es si este nuevo decreto es el empujón que la industria minera necesitaba para explotar hasta la última piedra, o un simple maquillaje para que parezca que las cosas se están haciendo bien. Solo el tiempo (y la lupa de la sociedad) lo dirá.
