La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación ante la presunta exclusión de determinados medios de comunicación, entre los que se encontraría Editorial Perfil, de la distribución de pauta publicitaria por parte de empresas con participación mayoritaria estatal como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. La entidad gremial empresaria denunció que esta situación podría configurar un trato discriminatorio y contrario a los principios de equidad y transparencia en la asignación de recursos públicos.
Según el comunicado difundido por ADEPA, la queja trasciende la ausencia de contrataciones actuales, ya que Perfil tampoco habría sido incluido en la cancelación de deudas contraídas antes del 10 de diciembre de 2023, lo que, advierten, contradice el principio fundamental de continuidad jurídica de los actos estatales.
### ¿Sanción editorial o prácticas desiguales?
“La preocupación radica en que esta exclusión podría representar una sanción editorial o una práctica desigual, lo que va en contra de los estándares internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Suprema”, expresó la entidad, que nuclea a una vasta representación de los medios de comunicación del país. La alusión a posibles sanciones editoriales reabre el debate sobre la utilización de la pauta oficial como herramienta de presión o represalia política.
Desde el Gobierno, algunas fuentes y funcionarios habrían intentado justificar estas decisiones argumentando que se trata de «actos propios de empresas comerciales». Sin embargo, ADEPA refutó esta explicación, remarcando que se trata de firmas con participación mayoritaria del Estado nacional, sujetas a control público y a exigencias de responsabilidad institucional que van más allá de la lógica puramente mercantil.
Además, cuestionaron la coherencia del argumento comercial, señalando que si realmente se tratara de decisiones basadas en lógicas de mercado, las contrataciones deberían ajustarse a criterios objetivos de audiencia y rentabilidad. “Excluir a medios que sí son considerados por otras empresas del mismo rubro privado resulta un indicio claro de una posible discriminación por razones editoriales”, alertó ADEPA.
La entidad también recordó que ya había enviado una comunicación formal al vocero presidencial en marzo, expresando estas mismas inquietudes, pero que a la fecha no se han producido correcciones ni cambios en las políticas de las empresas involucradas.
ADEPA concluyó su comunicado reafirmando que la pauta oficial, incluso cuando proviene de empresas de participación estatal mayoritaria y no directamente del Tesoro, debe regirse por criterios objetivos y «evitar cualquier forma de favoritismo o castigo». Subrayaron que así lo establecen organismos internacionales de relevancia en materia de libertad de expresión, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La situación pone de manifiesto, una vez más, las tensiones recurrentes en la relación entre los medios y el poder político, y reaviva el debate sobre la transparencia y equidad en la asignación de la publicidad oficial, un tema que ha generado controversia en diversas administraciones.
