Al día siguiente del traspié del proyecto de «Ficha Limpia» en el Senado, y en medio de un intercambio de acusaciones entre La Libertad Avanza y el PRO, ingresó por mesa de entradas del Congreso Nacional una iniciativa que propone ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto, impulsado por un legislador aliado al gobierno, es visto con interés por el bloque kirchnerista y otros sectores de la oposición.
La propuesta fue presentada por el senador salteño Juan Carlos Romero, integrante de la bancada federal. Su iniciativa, contenida en un único artículo, establece que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete (7) jueces, de los cuales no más de cinco (5) de sus integrantes serán del mismo sexo». Esta redacción implica la obligatoriedad de incluir al menos dos mujeres en la composición del máximo tribunal.
Según ha trascendido, la ampliación de la Corte era un tema que sectores dialoguistas y el propio kirchnerismo venían planteando, incluso como una estrategia para intentar destrabar la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, cuya caída precipitó el actual escenario. Fuentes cercanas al oficialismo reconocen haber conversado sobre esta posibilidad meses atrás, aunque sin avanzar concretamente en la idea. Es por ello que ahora, argumentan, la impulsan directamente desde el ámbito legislativo.
«Nos importa que funcionen los poderes del Estado. Alentamos esto y también que funcione la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y para eso hace falta diálogo político», señaló Romero a Clarín. Y enfatizó: «No lo impulsa el Gobierno pero como legisladores es nuestro deber proponer leyes. La comisión de Asuntos Constitucionales es el ámbito para discutirlo y ver si hay consenso para que avance».
Antes de formalizar la presentación, Romero dialogó con representantes de diversas bancadas, incluyendo a Unión por la Patria. Desde este bloque, manifiestan una buena recepción inicial. «Nos parece bien. El número de 7 es atinado, aunque los nuestros quieren que se garanticen al menos 3 mujeres. Es discutible«, indicó una fuente relevante de esa bancada.
No obstante, desde el kirchnerismo destacan que, independientemente del número de miembros, la facultad de proponer a los candidatos recae en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el proceso de designación seguirá dependiendo de los nombres elegidos por el gobierno y de su capacidad de negociación para alcanzar los consensos necesarios que permitan lograr los dos tercios requeridos en el recinto. Sin embargo, reconocen que una mesa de negociación con más vacantes podría facilitar la distribución de espacios.
Desde La Libertad Avanza, si bien no existe un aval oficial explícito, reconocen estar «charlando» la propuesta. En el PRO, por su parte, no manifiestan reparos iniciales y admiten que «hace tiempo que Romero viene con el tema».
Voces críticas, como la del senador Martín Lousteau, vinculan esta iniciativa a la caída del proyecto de «Ficha Limpia», sugiriendo un posible acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. “El gobierno está negociando con el kirchnerismo la Justicia, los jueces de la Corte, el Procurador, por eso pactaron y los misioneros votaron en contra”, afirmó recientemente.
Desde el Ejecutivo, oficialmente, no se pronunciaron sobre este proyecto específico. Sin embargo, es oportuno recordar que en agosto del año pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en una entrevista su preferencia por «una Corte ampliada. Armónica y justa». Consultado sobre el número ideal, mencionó «entre siete y nueve», argumentando que históricamente la Corte ha oscilado en esa cantidad de miembros.
En junio de 2023, Guillermo Francos, entonces ministro del Interior, ya había manifestado a Clarín que «Uno puede pensar que la Corte en su actual composición por ahí necesita más integrantes, ¿no? Pero yo supongo que eso será una decisión política del Presidente de la Nación que la tendrá que expresar en su momento».
Históricamente, la cantidad de miembros de la Corte Suprema ha experimentado variaciones significativas, oscilando entre cinco, siete y nueve integrantes. En la década de 1960 llegó a tener siete jueces, durante el menemismo se amplió a nueve, y el kirchnerismo la redujo a cinco.
En 2022, bajo la administración de Alberto Fernández y con Cristina Kirchner liderando el Senado, se impulsó una ampliación que llegó a obtener media sanción, elevando el número de 5 a 15 miembros. Cabe recordar que el proyecto original planteaba 25 jueces, uno por provincia, aunque no prosperó en la Cámara de Diputados.
Los fundamentos de la iniciativa
Entre los argumentos que sustentan el proyecto de Romero, se destaca que «la ampliación de integrantes otorgará mayor legitimidad al Tribunal, y dará mayor celeridad a sus resoluciones, siendo que, actualmente, a pesar del récord de sentencias dictadas en 2024, aún continúa siendo un embudo de causas que aún esperan sentencia».
«Promover una Corte Suprema más amplia, garantizando idoneidad y representación igualitaria, es el eje del presente proyecto, por lo que invito a mis pares a acompañar con su firma», concluye el texto de Romero, que ingresó formalmente el jueves por la noche y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales el viernes.
El contexto de la Corte actual
Actualmente, tras los intentos frustrados de las incorporaciones por decreto de Lijo y Mansilla (este último renunció después de que su pliego no fuera tratado en el Senado), la Corte Suprema funciona con tan solo tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 108, establece la existencia del Máximo Tribunal, pero no determina el número específico de magistrados que deben integrarlo. Esta decisión recae en el ámbito del Poder Legislativo.
Además del proyecto de ampliación de la Corte, Romero presentó junto al senador correntino Carlos «Camau» Espínola otra iniciativa que propone recortar a cuatro años la duración de los mandatos de los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este organismo atraviesa una situación compleja, al borde de la parálisis, debido a los mandatos vencidos de los representantes de la Cámara de Diputados, sin que se haya logrado acuerdo para designar a sus sucesores. A esto se suma el vencimiento próximo de los mandatos de los auditores elegidos por el Senado.
