El fallo de la Corte y la búsqueda de apoyos internacionales
Tras el esperado pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su círculo más cercano activó una ofensiva diplomática en busca de respaldo internacional. La sentencia del máximo tribunal argentino, si bien esperada, generó movimientos y expectativas en determinados círculos, especialmente aquellos ligados al kirchnerismo y a líderes de la región con afinidades políticas.
Sin embargo, la respuesta internacional a la confirmación de la condena ha sido, hasta el momento, moderada. A pesar de los esfuerzos de dirigentes kirchneristas por obtener gestos de solidaridad, como el que se aguardaba del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, los pronunciamientos públicos se han limitado a un espectro reducido de figuras y organizaciones. El Grupo de Puebla, junto a los ex presidentes Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia, fueron de los primeros en manifestarse a través de las redes sociales, calificando el fallo como una ‘condena injusta’ y parte de una ‘persecución política’.
Curiosamente, tanto Correa como Morales enfrentan serias acusaciones en sus respectivos países que les impiden, de hecho, regresar sin riesgo de ser detenidos. Correa, quien reside en Bélgica, se solidarizó denunciando una ‘reedición del Plan Cóndor’ ejecutada, en su visión, por ‘jueces serviles a las oligarquías’. Morales, con causas judiciales que incluyen una por abuso de menores que él considera parte de un ‘armado político’, sostuvo que su ex colega «no» estaba sola.
Respuestas desde el exterior y comparaciones discutibles
El Grupo de Puebla, coordinado en parte por figuras cercanas al kirchnerismo, emitió un comunicado reafirmando su ‘respaldo total y absoluto’ a la ex mandataria y exigiendo justicia, criticando el uso de la justicia como ‘herramienta de proscripción política’. Este documento contó con la firma de personalidades con fuertes vínculos con el kirchnerismo, como Adolfo Pérez Esquivel, y ex líderes regionales.
En la noche del martes, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se sumó a las voces críticas, denunciando un ‘golpe político y judicial’. Incluso comparó el proceso judicial contra Kirchner con la persecución que sufrió Nelson Mandela y equiparó el fallo con las acciones de una dictadura. El régimen cubano se alineó con esta postura, emitiendo un comunicado en la misma sintonía.
Desde el kirchnerismo se intentó establecer paralelismos entre la situación judicial de Cristina Kirchner y la de otros líderes regionales, notablemente la de Lula da Silva. No obstante, tal comparación presenta diferencias sustanciales. Lula, quien estuvo detenido 580 días, vio sus condenas anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil al considerar que no se habían respetado sus derechos durante el proceso a cargo del entonces juez Sergio Moro, quien posteriormente fue nombrado Ministro de Justicia por su adversario político, Jair Bolsonaro. Si bien ambos líderes han denunciado «lawfare» o guerra judicial, las circunstancias procesales que llevaron a la anulación de las condenas de Lula no se replican en el caso de la ex presidenta argentina.
Además, la postura de Lula resulta compleja, dado que Bolsonaro también se presenta como un perseguido político, especialmente en una causa que lo vincula a la instigación de un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario brasileño. Esto limita la posibilidad de un respaldo explícito de Lula sin generar controversia interna.
